ERC, JxCat, PDeCAT y CUP han solicitado que los presidentes de Òmnium Cultural y de Amnistía y Libertad, Xavier Antich y Daniel Villalaín, comparezcan en el Congreso de los Diputados para informar sobre la petición presentada en junio del 2021 de tramitar una ley de amnistía. La petición ha sido dirigida por las cuatro formaciones a la Mesa de la Comisión Constitucional, a quien la Comisión de Peticiones trasladó la solicitud de tramitación de la Proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la resolución del Conflicto Político en Catalunya y en el estado español. La solicitud se presentó en ejercicio del derecho de petición acompañada de 200.000 firmas de apoyo, una vez fracasó la tramitación de la ley de amnistía para los presos, exiliados y represaliados independentistas registrada por las formaciones independentistas en marzo del año pasado.

El objetivo de la petición es que Antich y Villalaín informen a la comisión constitucional sobre la petición planteada el 21 de junio del 2021, que implica la amnistía para todos los "hechos de intencionalidad política tipificados como delitos, infracciones administrativas o disciplinarias con un móvil de defensa de las libertades públicas, los derechos sociales o la reivindicación y el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la independencia de Catalunya". La petición para la amnistía, refrendada por|para 200.000 firmas, se entró al Congreso el mismo día que Pedro Sánchez defendía en Barcelona el indulto de los presos políticos. A la presentación de la iniciativa en Madrid, el entonces vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, explicó que la entidad apostaba por la amnistía porque "ante la represión, más de 3.300 personas represaliadas, el exilio, y los casi cuatro años de prisión de los presos políticos, la amnistía y el derecho a la autodeterminación son las únicas vías".

La ley de amnistía, rechazada dos veces en el Congreso

La iniciativa sustentada por miles de firmas llegaba después de que la Mesa del Congreso rechazas para dos veces con los votos del PSOE, PP y Vox tramitar la propuesta de ley de amnistía. La primera cuando fue registrada conjuntamente por los partidos independentistas y después cuando estas formaciones registraron una petición de reconsideración. Los servicios jurídicos del Parlamento argumentaron en esta ocasión que "se desprende que la iniciativa, al suponer la concesión de un indulto general que afecta a una pluralidad de sujetos condenados por sentencia firme, entraría en una contradicción palmaria y evidente con el artículo 62 de la Constitución". Este artículo fija que corresponde al Rey "ejercer el derecho de gracia de acuerdo con la ley, que no podrá autorizar indultos generales."

La ley de amnistía registrada tomaba como referencia a la española del 77 y también otros de europeas, como la de Francia en el proceso de descolonización de Argelia. El primer artículo dejaba claro el alcance: "Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera su resultado, tipificados como delitos o como conductos determinantes de responsabilidad administrativa llevados a cabo desde el 1 de enero del 2013 y hasta el momento de la entrada en vigor de esta ley". Igualmente delimitaba que "se entenderá como intencionalidad política cualquier hecho vinculado a la lucha democrática por la autodeterminación de Catalunya", en referencia a la consulta del 9-N del 2014 o el referéndum del 1-O del 2017.