Los grupos de ERC, Junts, CUP y en Comú Podem han registrado en el Parlament una declaración de apoyo a los encausados de Tsunami Democràtic, después de que muchos de ellos se hayan visto "forzados a marcharse al exilio" para buscar asesoramiento legal y protección ante la persecución. El texto denuncia la amenaza a miles de activistas del movimiento independentista, con causas como la de Tsunami o contra los CDR, por ejemplo, en la operación Judas. También constata una "regresión" del derecho a la protesta en el Estado. El texto se debatirá este martes por la tarde, a la reunión de representantes de la Diputación Permanente. Los 4 grupos consideran las investigaciones de la Audiencia Nacional y del Supremo un "ataque directo al ejercicio de los derechos fundamentales". Uno de los diputados miembro de la Diputación Permanente es, precisamente, Ruben Wagensberg (ERC), uno de los investigados por Tsunami que se marchó a Suiza a finales de 2023, y que continúa de baja laboral.
Impedimentos a la ley de amnistía
La declaración de los partidos rechaza la equiparación de terrorismo al independentismo en un intento de "criminalizar la protesta y silenciar la disidencia política" por parte del Estado español. Así pues, los grupos advierten que investigar por terrorismo acciones amparadas en el ejercicio pacífico de derechos fundamentales pone en peligro "los principios democráticos del Estado de derecho". Precisamente, por este motivo, ERC, Junts, CUP y comunes exigen que se retiren las imputaciones de terrorismo vinculadas a las protestas por la sentencia del referéndum del 1-O.
Además, la declaración registrada este martes también pide parar la represión contra el independentismo y contra los movimientos populares, y por esta razón, exige al Gobierno y al Congreso de los Diputados a hacer las modificaciones legales pertinentes para que nunca más se pueda equiparar la disidencia política al terrorismo. En este sentido, las cuatro formaciones políticas atribuyen esta persecución a un intento de poner trabas a la aplicación de la ley de Amnistía. Por eso, consideran las imputaciones por terrorismo una injerencia del poder judicial sobre el legislativo que "debilita la democracia y la voluntad de la ciudadanía".
Apoyo a Cristina Casol
Otra de las cuestiones que se debatirán a la Diputación Permanente del Parlament será una declaración institucional para dar apoyo al personal de la cámara y a la exdiputada de Junts, Cristina Casol, que denunció que había sufrido acoso por parte de su grupo parlamentario, así como para defender el protocolo contra el acoso que tiene el Parlament.