Aunque en algunas votaciones clave como la del Hard Rock se han mostrado en desacuerdo, ERC y Junts sí que han coincidido en ampliar el impuesto sobre las viviendas vacías "a las personas físicas que tengan la condición de gran tenedor". Así lo han votado, junto con la CUP y los comuns, en una moción presentada por los de Jéssica Albiach, donde el PSC-Units se ha abstenido y Vox, Ciutadans y el PP han votado en contra.

Hasta ahora, este impuesto sólo se reclamaba a personas jurídicas, como sociedades o empresas. En este sentido, la diputada de los comuns Susanna Segovia ha defendido durante el debate que el impuesto se tiene que extender a personas físicas mayores tenedores porque "se permiten el lujo de tener viviendas vacías cuando hay tanta gente sin casa". Y ha añadido que este tema será "fundamental" en el acuerdo de presupuestos que negocian con el Govern.

 

La aprobación de esta moción no se puede separar de toda la polémica que se ha generado en torno al incendio mortal que se produjo a principios de semana en la plaza Tetuán de Barcelona en un local ocupado, en el cual murieron cuatro personas de una familia, y de las cuales dos eran niños de uno y tres años.

Otras medidas en vivienda

La moción aprobada también insta a elaborar un informe público que evalúe los resultados del programa Reallotgem con el fin de analizar por qué el programa "no ha podido responder a la situación de las familias que no han podido ser incorporadas a la medida". El texto también insta al Goverm a "establecer mecanismos estructurales de protección contra los desahucios de familias vulnerables" e implementar un "plan de choque" con el fin de aportar todas las viviendas necesarias "para eliminar las listas de espera de todas las mesas de emergencia de Catalunya durante el 2022".

El escrito también quiere hacer participar el mundo local a la hora de "evaluar la necesidad de rediseñar el programa para mejorar su efectividad con el objetivo de incrementar de manera significativa los acuerdos que firman los propietarios para adherirse al programa y garantizar a las familias un alquiler estable de 5 o 7 años".

La moción también pide al Ejecutivo que presente un "escenario presupuestario" para desarrollar el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, y un plan de choque para aportar las viviendas necesarias para eliminar las listas de espera de las mesas de emergencia durante el 2022.

Desacuerdo ERC-Junts en la urgencia de la ley

No se ha aprobado, sin embargo, un punto que pedía que el Parlament aprobara antes de que acabe el año la ley de emergencia habitacional. El texto pedía alcanzar un acuerdo para que se apruebe esta ley -que se encuentra en trámite parlamentario- y que "incluya los principales objetivos y medidas de la iniciativa y con acuerdo con las entidades promotoras de la ley en tramitación". Aunque ERC ha votado a favor, Junts se ha opuesto.

 

Imagen principal: viviendas en Barcelona / Foto: Europa Press