Laura Borràs fue suspendida como diputada y presidenta del Parlament a través del artículo 25.4 del reglamento de la cámara, después de la abertura del juicio oral por el caso de la Institución de las Letras Catalanas. Ahora es el turno de los diputados y dirigentes de ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, a quienes se ha abierto juicio oral por malversación por la organización del referéndum del 1-O. La misma presidenta de Junts ha comparado su caso con los de los dos republicanos. Pero desde Calabria no se sienten "interpelados" porque la normativa parlamentaria habla de corrupción. Y ha rebatido los argumentos: "Si Junts defiende que el 1-O es corrupción, lo tendrá que explicar. Quien lo crea habrá perdido el juicio".

El pasado viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya abrió juicio oral contra los actuales diputados de ERC, Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, y contra la consellera de Cultura, Natàlia Garriga, por malversación, desobediencia, prevaricación y revelación de secretos oficiales por los preparativos del referéndum del 1-O desde el Departamento de Economía. En la rueda prensa posterior a la ejecutiva de este lunes, la portavoz republicana Marta Vilalta ha denunciado cómo "la justicia española da un paso más en el camino de la injusticia, de la persecución y la represión política contra el movimiento independentista." La también secretaria general adjunta les ha transmitido su apoyo y ha dejado claro que "votar no es delito ni lo puede ser".

Preguntada y repreguntada sobre si se les podría aplicar el artículo del reglamento que contempla la suspensión de funciones para los diputados procesados por corrupción, desde de Esquerra Republicana son claros: "No nos sentimos interpelados por este artículo. No estamos ante un caso de corrupción, sino de personas acusadas por haber contribuido a poner las urnas. No estamos de acuerdo con Marchena y Llarena". Y ha respondido a Laura Borràs, que ha equiparado los casos: "Quien lo crea habrá perdido el juicio". También recuerdan que nadie ha apelado "de forma formal" a este precepto y no ven necesarios ningún informe jurídico porque "no tenemos ninguna duda que el 1-O es democracia y derechos".

 

En negociaciones con Moncloa

Esta semana se produce el debate final de los presupuestos del Estado en el Congreso de los Diputados y todavía no se ha cerrado el acuerdo entre el PSOE y ERC para el aval definitivo en las cuentas. Marta Vilalta ha vaticinado que será una "semana larga e intensa" y ha señalado que todavía están "en negociaciones" en varios frentes. Por lo que respecta al propio presupuesto, según ha adelantado El Periódico, se está trabajando en un mecanismo para garantizar el cumplimiento de las inversiones en Catalunya. Se inspiraría en el modelo vasco, según el cual estas inversiones serían cedidas a la Generalitat para garantizar la ejecución. Se está negociando pero no ha querido entrar en concreciones. "Quedan horas, días y camino por recorrer", ha asegurado la portavoz Marta Vilalta.

Pero hay otros frentes abiertos, como la reforma del Código Penal. Marta Vilalta ha reiterado que "se eliminará" el delito de sedición y que en ningún caso "se agrava o se criminaliza la protesta" con los desórdenes públicos agravados. Hecha esta defensa, los republicanos insisten en la reforma del delito de malversación, que tendrá que ser quirúrgico para no afectar casos de corrupción. Ha sostenido que todo se podrá abordar en el trámite parlamentario de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos.

Presupuestos catalanes

Con respecto a los presupuestos de la Generalitat, Marta Vilalta ha admitido que "no hay muchos cambios". Ha señalado que "se han intensificado las reuniones con los grupos que han mostrado predisposición" y ha arreciado que su voluntad es poder llegar a un entendimiento con Junts per Catalunya, los comunes y la CUP, excluyendo nuevamente al PSC. "Las negociaciones las lleva el Departamento de Economía y hará falta que se produzcan más", ha asegurado la portavoz republicana. Eso sí, ha rechazado "operaciones cosméticas de maquillaje fiscal que no benefician la ciudadanía", como creen que propone Junts.