Esquerra Republicana ha señalado el próximo 16 de julio como una fecha "relevante" para culminar el recorrido jurídico de la ley de amnistía, coincidiendo con la sentencia que debe dictar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El partido confía en que el veredicto de Luxemburgo consolide el criterio ya expresado por el abogado general y abra la puerta a una aplicación inmediata e íntegra de la norma. En este sentido, ERC espera que, una vez se pronuncie el TJUE, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo actúen "sin dilaciones" para hacer efectiva la amnistía y poner fin a la judicialización de la política catalana.
La resolución europea llega después de más de dos años de litigios desde la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados. El TJUE deberá resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas, en la causa sobre los gastos vinculados al 1-O, y por la Audiencia Nacional, en el marco de la operación Judas contra los CDR. El mismo tribunal europeo ha recordado que las vistas se celebraron el 15 de julio de 2025, y que el caso ha sido examinado por la Gran Sala, formada por quince jueces, un hecho que evidencia la trascendencia de la decisión.
ERC recuerda las conclusiones del abogado general
Para los republicanos, el precedente de las conclusiones del abogado general, Dean Spielmann, es clave. En noviembre de 2025, Spielmann ya avaló la compatibilidad de la ley con el derecho europeo, asegurando que la amnistía es una "competencia exclusiva" de los estados miembros y que no se han vulnerado intereses financieros de la Unión Europea. Este posicionamiento también descartaba el delito de malversación en relación con el 1-O, un elemento central en la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía a dirigentes como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras. Además, el abogado general rechazó que se trate de una "autoamnistía" y recordó que la normativa europea no prohíbe este tipo de mecanismos.
Decenas de líderes y activistas independentistas continúan pendientes de la decisión de Luxemburgo, que puede marcar un antes y un después en la resolución del conflicto judicial derivado del Procés. Esquerra Republicana, sin embargo, pone el foco en el después de la sentencia y presiona para que los tribunales españoles no alarguen más la aplicación de la ley. Con el 16 de julio en el horizonte, los republicanos insisten en que ha llegado el momento de cerrar definitivamente esta etapa y avanzar hacia una solución política, dejando atrás los años de causas judiciales vinculadas al independentismo civil y político.