El juez ha aprobado la puesta en libertad del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, tras prestar declaración judicial en la segunda fase del caso Mascarillas, que investiga el presunto cobro de mordidas a través de contratos irregulares efectuados a través de la institución provincial. También han sido liberados otros cuatro detenidos, entre ellos el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez. El juez instructor Eduardo Martínez investiga los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en esta nueva pieza, cuyo origen se sitúa en junio de 2021, a partir de un contrato de más de dos millones de euros para la adquisición de material sanitario en la fase más incipiente de la pandemia de la covid.
Al estar investigado por diversos delitos, el juez ha aplicado medidas cautelares para Aureliano García y el resto de investigados, las cuales implican la retirada del pasaporte y la obligación de personarse en el juzgado cada 15 días. Además, el instructor no aprecia riesgo de fuga ni tampoco posibilidad de destrucción de pruebas. Los detenidos en la segunda fase del caso Mascaretes han pasado a disposición de Eduardo Martínez, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) ampliara este miércoles a una decena el número total de personas implicadas, entre detenidos e investigados, por las presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos de la Diputación de Almería.
La UCO ha ejecutado este miércoles un nuevo registro del Ayuntamiento de Fines, un día después de que los agentes entraran en el despacho del alcalde. El martes, las autoridades entraron simultáneamente en viviendas, oficinas públicas y sedes de sociedades presuntamente vinculadas a las actividades investigadas. Durante la operación, la unidad de la Guardia Civil encontró documentación que relacionaría a Óscar Liria con una de las empresas implicadas, motivo por el cual el juez instructor ordenó investigarlo nuevamente. Los registros se prolongaron durante más de diez horas.
Soborno, malversación y blanqueo
El auto que autorizó las detenciones y registros sostiene que en este caso hay “indicios” de presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Según la resolución judicial, los investigados podrían haber colaborado o facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a determinadas empresas a cambio de comisiones. Parte de estas adjudicaciones se habrían tramitado en la Diputación de Almería, aunque el auto señala que algunas podrían haberse producido en el Ayuntamiento de Fines, lo que explicaría el carácter central que está adquiriendo el municipio en esta segunda fase de la investigación.