El Gobierno español anunciará mañana la cesión a Euskadi de la gestión económica de la Seguridad Social, una transferencia sin precedentes que afecta la denominada caja única. El anuncio lo ha avanzado este martes la secretaria general del PSE-PSOE, Idoia Mendia, en una entrevista en Euskadi Irratia, en el que ha asegurado que la medida "cumple los compromisos de transferencias" comprometidos en el Estatuto de Gernika.
La decisión supone dejar en manos del Ejecutivo vasco la gestión de 9.600 millones de euros al año, de los que 8.930 se dedican al pago de pensiones. "El Estado central seguiría pagando las pensiones", ha asegurado de todas formas Mendia, aunque lo gestionará en la práctica el gobierno vasco.
La cesión del régimen económico comportará el traspaso de al menos cuatro áreas, según ha informado la Cadena Ser:
- la inscripción de empresas, así como la potestad sancionadora.
- la afiliación, las altas y bajas de los trabajadores, con su correspondiente potestad sancionadora.
- La gestión y control de las cotizaciones en la Seguridad Social y la recaudación de las cuotas o el aplazamiento y fraccionamiento de estas.
- Finalmente, Euskadi asumiría además la organización de los medios y el diseño y gestión de los procesos para el ingreso de las cuotas en la Seguridad Social.
En el aire queda la cuestión de si se transferirán también los funcionarios que ahora operan en régimen del Estado, la titularidad de los inmuebles y el resto de recursos que pertenecen a la Seguridad Social española.
El Gobierno vasco reclama el cumplimiento íntegro del artículo 18 del Estatuto de Gernika que recoge que "en materia de Seguridad Social corresponde al País Vasco:
a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma.
b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social ".
El PSE-PSOE asegura que el traspaso "no rompe la caja única". En Euskadi hay 561.789 pensionistas con pensiones contributivas medias de 1.238 euros, las más altas del Estado español, ante los 830 euros que se pagan en Extremadura o los 892,98 euros de Andalucía.