Después de la declaración de los siete hijos del president Pujol —que han defendido la herencia del abuelo Florenci en Andorra y de la cual han desvinculado a su padre—, han sido interrogados cinco del total de 9 empresarios que también son juzgados por hacer negocios con Jordi Pujol Ferrusola, este miércoles en la Audiencia Nacional. Todos han defendido la legalidad de los pagos al hijo mayor de Pujol y que el trabajo que les hizo no implicó ninguna influencia política. El empresario mexicano Fernando Domínguez Cerecedes ha destacado por sus afirmaciones contundentes. “No he firmado ningún documento. ¿Me puede acreditar qué documentos son falsos?, ha requerido al abogado del Estado, José Ignacio Ocio. Ocio le ha respondido que, a su parecer, el préstamo de 6 millones de euros que hizo su padre (Domínguez Moreno) en 2005 y suscrito por su grupo, “creemos que es falso, no hay pagos”.
Con explicaciones claras y tajantes a la vez, Domínguez Cerecedes ha contado que su padre, antes de morir en 2011, le pidió que asumiera sus negocios, que aceptó y en 2013 inició la reclamación del préstamo a Jordi Pujol Ferrusola, y ha añadido que “fue un buen acuerdo”, a pesar de que costó ejecutarlo. Ha detallado que cuando el primogénito de Pujol le devolvió una parte por transferencias, a través del Banco Santander y el BBVA, su grupo tuvo “un impacto terrible”, ya que los bancos le retiraron la facilidad de cambio de monedas cuando el president Pujol confesó en 2014 que la familia tenía dinero sin declarar en Andorra.
“Me costó más el caldo que las albóndigas (…) Jordi hace negocios para que sucedan, pero nosotros, para que el negocio permanezca”, ha manifestado Domínguez en su alegato en favor del sector empresarial, además de recordar que su grupo tiene más de 3.000 trabajadores y que opera en siete países. Al volver al banquillo de los acusados, Domínguez ha sido felicitado por Mireia, Pere y Jordi Pujol, mientras su abogado, Luis Jordana, ha insistido en que aún se desconoce por qué documento falsificado se le acusa.
Inicialmente, la Fiscalía Anticorrupción pide cinco años de prisión para cada uno de los nueve empresarios que está juzgando la Audiencia Nacional: tres años por blanqueo de capitales y dos años por falsificación de documento mercantil.
Ningún favor político a los vertederos
Por su parte, los empresarios Gustavo Buesa y Josep Mayola, impulsores de la construcción de los vertederos de Cruïlles (Vacamorta, Baix Empordà) y Tivissa (Ribera d'Ebre), han negado haber recibido favores políticos por haber obtenido los informes para explotarlos. La tesis de la Fiscalía es que pagaron a Jordi Pujol Ferrusola para obtener estos permisos, además de hacerlo participar en alguna de sus sociedades.
Buesa, defendido por Carles Monguilod, ha reiterado que la gestión de un vertedero “es privada” y que la autorización “no es un concurso”. Así lo reiteró un perito en el juicio, que explicó que la orden de cierre del vertedero de Vacamorta, ratificada por el Supremo en 2014, fue por un cambio jurídico más estricto del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), y los empresarios no fueron denunciados. “La situación de la basura es terrorífica en Catalunya y en España: todos la generamos, pero nadie la quiere. El espacio es escaso y en un proyecto en Madrid ahora nos piden 50 millones de euros para ubicarla”, ha explicado Buesa al tribunal.
Un correo desinflado
Mayola, defendido por José Maria Fuster-Fabra, también ha declarado la legalidad de sus negocios y ha restado valor al correo electrónico que le envía Jordi Pujol Ferrusola, en el que le indica que, si es necesario contactar con el Consell Comarcal, que se le diga, y que consta en la causa como un indicio delictivo. Ha aclarado que se lo envió el año 2011, cuando el vertedero no tenía ningún problema y ya había sido vendido a FCC. “Fue un mensaje de cortesía”, ha declarado.
Préstamos bajo sospecha
Otro de los empresarios acusados de cooperar con la familia Pujol por supuestamente blanquear su fortuna que ha declarado es Jorge Barrigón, copropietario de Cat Helicopters, empresa que consiguió un helipuerto en el puerto de Barcelona y que fue adjudicataria de contratos con la Generalitat de Catalunya.
Barrigón ha asegurado que es veraz el documento por el cual hacía constar que había cerrado en 2009 con Josep Pujol Ferrusola, el tercer hijo del expresident de la Generalitat, sendos préstamos que le había dado de 60.000 y 900.000 euros que la Fiscalía también considera que eran falsos, para facilitar el blanqueo. Ha explicado que los 900.000 se los dejó Josep Pujol en metálico en una caja de la entidad BPA de Andorra, de donde era residente Barrigón, para que él, junto con otras personas, pudieran comprar la compañía de helicópteros andorrana Heliand. Barrigón ha dicho que finalmente no se pudo efectuar la operación y no llegó a tocar esos 900.000 euros, cosa que comunicó a Josep Pujol para que los recogiera.
También ha declarado el inversor andorrano Francesc Robert Ribes, defendido por Fermín Morales. Ha detallado que, con la herencia de su abuelo, que ha cifrado en unos 22 millones de euros, participó en negocios de los vertederos y del hijo mayor de Pujol.
El juicio se reanudará la semana del 11 de mayo con los interrogatorios a los cuatro empresarios que son juzgados y han quedado pendientes (Alejandro Guerrero, Luis Delso, Carlos Sumarroca y Josep Cornadó), relacionados con los grupos Isolux, Emte y Copisa; y la exposición de los informes finales de las acusaciones y los abogados defensores.