El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado el mapa electoral del estado de Luisiana, vigente desde 2024, argumentando que su diseño se basó excesivamente en criterios raciales. Una decisión, avalada por la mayoría conservadora del alto tribunal estadounidense, que supone un éxito para los republicanos y una derrota para las minorías de todo el país. Aunque, de momento, la sentencia afecta solo el mapa electoral del estado de Luisiana, las consecuencias de esta van más allá. Según un análisis del New York Times, los demócratas pueden perder hasta 12 escaños en los estados del sur del país de cara a las elecciones legislativas de medio mandato, que se celebrarán en el mes de noviembre y servirán, no solo para renovar la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, sino también para calibrar el apoyo al presidente Trump en medio de la guerra en Irán.

En Luisiana hay un 30% de población negra, pero solo uno de los seis escaños que este estado tiene en el Congreso representaba a este sector de la sociedad. Por eso, en 2024 se decidió redibujar el mapa electoral para que esta minoría obtuviera un segundo escaño de representación, situando a la mayoría de los votantes de la minoría negra en un solo distrito. La decisión, sin embargo, fue llevada a los tribunales y este miércoles el Supremo ha dicho que es inconstitucional. "Debido a que la Ley de Derechos Electorales no requería que Luisiana creara un distrito adicional de mayoría minoritaria, ningún interés urgente justificó el uso de la raza por parte del Estado al crear" (el mapa), ha indicado en su sentencia la máxima instancia judicial.

Grupos de derechos civiles condenan la sentencia

Las juezas progresistas del Alto Tribunal, que han votado en contra de esta decisión, han asegurado que con esta sentencia se da el paso definitivo para desmantelar la histórica ley de Derechos del Voto de 1965, que es la que avalaba esta discriminación positiva. En contra, también se han sumado diversos grupos de derechos civiles, que han condenado enérgicamente la opinión de la Corte Suprema y la han descrito como “una bala en el corazón del movimiento por los derechos electorales”. Concretamente, la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés) lo ha calificado de un “grave retroceso para nuestra nación y amenaza con socavar las victorias arduamente conquistadas, por las cuales hemos luchado, sangrado y muerto”.

El rediseño de los mapas de distritos electorales no es extraño en Estados Unidos. Por ley se hace cada diez años y está basado en el nuevo censo decenal de población. El año pasado, sin embargo, se adelantó el proceso cinco años en varios estados, empezando por Texas. De hecho, después de volver a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente Donald Trump ha instado a los estados gobernados por el Partido Republicano a rediseñar sus distritos electorales de cara a los comicios de noviembre con el objetivo de mantener la mayoría republicana. La respuesta de algunos estados gobernados por los demócratas, como California, han respondido contraatacando con iniciativas similares para rediseñar sus distritos electorales para la Cámara de Representantes, a fin de favorecer a sus candidatos.