El exconseller de Interior y actual diputado de ERC, Joan Ignasi Elena, ha declarado como investigado este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por la supuesta adjudicación a dedo a su consultoría de contratos del Ayuntamiento de Altafulla (Tarragonès) al estar aforado en este órgano. Elena, defendido por el penalista Josep Riba, ha asegurado que veló para que el trabajo que el consistorio encargó a Sinergia EDM entre los años 2017 y 2019 estuviera dentro de la legalidad. También ha asegurado que no conocía al alcalde de Altafulla y que el partido este era antagónico (Sumar) a sus postulados republicanos. Ha aclarado que se les contrató cuando no tenía ningún cargo político y porque tenían una profesional en urbanismo que consultaban constantemente los técnicos municipales, según fuentes judiciales. El excoordinador de ICV Joan Herrera, socio de Elena, también ha sido citado como investigado del delito de prevaricación, aunque en aquella época no estaba.
Por este caso, el Tribunal Supremo también investiga al exalcalde de Altafulla y actual diputado en el Congreso de Sumar En Comú Podem por Tarragona, Fèlix Alonso, aforado ante este órgano, por haber adjudicado este trabajo. Alonso compareció como investigado ante el Supremo el pasado 15 de junio y aseguró que las contrataciones que efectuó cuando era alcalde de Altafulla —entre 2011 y 2019— y que están bajo sospecha “respondieron exclusivamente a criterios de especialización técnica” y no a “consideraciones de naturaleza política o partidista”.
Por su parte, el diputado republicano ha declarado al TSJC que los contratos se renovaron verbalmente y que incluso hubo dos facturas pagadas por el gobierno que relevó a Alonso. Elena ha contestado a todas las partes.
Contratos troceados
En una providencia, el magistrado del TSJC Carlos Ramos imputó a Elena y Herrera porque un juez del Vendrell elevó al alto tribunal una exposición razonada ante los indicios de que el Ayuntamiento de Altafulla adjudicó contratos troceados, sin publicidad y sin los informes preceptivos favorables, a una empresa cuyos directivos “mantenían una vinculación política estrecha con el partido del alcalde”, según los Mossos y ahora negado por Elena.
Los contratos investigados, que suman más de 30.000 euros, se adjudicaron entre los años 2017 y 2019. En esta etapa, Herrera hacía años que estaba apartado de la política y Elena, que fue conseller de Interior con Pere Aragonès entre 2021 y 2024, no ocupaba ningún cargo público, después de haber abandonado el PSC por discrepancias por el procés independentista.
A partir de los datos del juez del Vendrell, el instructor del TSJC considera que los investigados utilizaron de forma “supuestamente fraudulenta la figura del llamado contrato menor”, que permite adjudicaciones sin concurso público, e infringieron “intencionadamente” los requisitos sobre contratación pública que impone la ley.
En concreto, según el magistrado del TSJC, los investigados se concertaron presuntamente “en su propio interés” para conseguir la prórroga de una adjudicación de asesoramiento jurídico externo mediante la figura del contrato menor, que permite la asignación directa a cualquier empresario porque no supera los 18.000 euros durante un máximo de un año. La defensa de Elena sostiene que todo se tendría que aclarar en el ámbito administrativo, no en el penal.