¿Quién podrá votar en las próximas elecciones generales? Al día siguiente de que Pedro Sánchez citara a la ciudadanía a las urnas el 29 de noviembre, intentando situar la problemática de la vivienda en el centro de la campaña después del no de PP, Vox y Junts a sus decretos en el Congreso, esta incógnita está muy vigente. Todo ello, por la polémica ley de nietos, que en realidad es una disposición adicional de la ley de memoria democrática. A través de esta, hijos y nietos de españoles que se tuvieron que exiliar por "motivos políticos, ideológicos, de creencia o de orientación e identidad sexual" pueden obtener la nacionalidad española y, por lo tanto, participar en las elecciones. La derecha vio en esta medida un intento del PSOE de modificar el censo electoral en unos comicios que le son muy adversos y donde tiene todas las encuestas en contra. Vox y el partido Iustitia Europa lo llevaron al Tribunal Supremo, por vías diferentes, y este tribunal les dio la razón. En lo que fue un golpe duro para el Gobierno español, la suspendió como medida cautelar.
Con las elecciones encima, todavía no se sabe si las personas que habían obtenido la nacionalidad a través de la ley de nietos podrán votar, ya que el tribunal suspendió su inscripción en el censo de votantes en el exterior. Concretamente, el Supremo reclamaba que se acredite que se consigue la nacionalidad española según los criterios de la ley, "sin haber aplicado la presunción" que se dictó después. Tanto la Abogacía del Estado como la Junta Electoral Central se oponían a esta suspensión, pero la han acatado. Así, los "nietos" conservan la nacionalidad española, pero, con la decisión de aplicar medidas cautelares, no pueden ser inscritos en el censo hasta que el Supremo revise los recursos de Vox e Iustitia Europa.
Nuevo plazo
Ante la polémica creada, la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado este martes un plazo "improrrogable" de 48 horas, que finalizará antes de las 15 horas de este jueves, a las partes para que formulen las alegaciones que consideren convenientes tras registrarse nuevos escritos de Iustitia Europa y VOX en relación a las inscripciones en el censo electoral de residentes ausentes en el extranjero (CERA) de personas que han adquirido la nacionalidad española.
En dos providencias, el tribunal indica que da este plazo de alegaciones antes de resolver sobre el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la suspensión cautelar de inscripciones en el CERA acordada por el tribunal en septiembre, teniendo en cuenta además la circunstancia sobrevenida de la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
Se afirma que las alegaciones de las partes deberán extenderse también al emplazamiento de las personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen por la vía de la llamada ley de nietos y aún no hayan sido inscritas en el censo electoral de residentes ausentes en el extranjero, así como a las que hayan sido ya inscritas en el precitado censo. Tras recibir todas las alegaciones, se indica que la sala resolverá de forma conjunta todas las cuestiones planteadas.
Una decisión inminente
En este contexto, la Abogacía del Estado impugnó la decisión del alto tribunal, asegurando que con su decisión vulnera la Constitución. Aunque Sánchez había asegurado a diestro y siniestro que agotaría la legislatura y que las elecciones no serían hasta 2027, esta convocatoria anticipada ha provocado que se tenga que resolver la gran pregunta "ya": ¿quién podrá votar en las elecciones del 29 de noviembre? Ante la convocatoria electoral, Vox e Iustitia Europa han pedido al Supremo que mantenga la suspensión y que, por lo tanto, los nietos de los exiliados españoles no puedan ejercer su derecho a voto desde el exterior.
Ahora, se deberá resolver el recurso presentado por el abogado del Estado y las peticiones de Vox y este "nuevo" partido político que, a pesar de no tener representación en ninguna cámara, ha estado muy activo fiscalizando las acciones del resto de formaciones políticas y llevándolas a los tribunales. Iustitia Europa, por poner algunos ejemplos, es acusación popular en el caso de Begoña Goméz o ha interpuesto denuncias contra la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla por una cena de gala privada. La decisión del Supremo, que marcará el inicio de esta precampaña electoral, no se hará esperar mucho. El tribunal se podría pronunciar esta misma semana. Sea cual sea su decisión, seguro que traerá mucha polémica.