¿El adelanto de las elecciones generales, anunciado este lunes por el presidente Pedro Sánchez, detendrá a los tribunales y las causas judiciales en marcha? Hay una norma no escrita que habitualmente siguen los jueces y tribunales y es la de retrasar la publicación de resoluciones o sentencias que impliquen a políticos o leyes para no influir en el electorado. El anuncio llega después de que el viernes el Congreso de los Diputados rechazara los dos decretos ley con medidas para atacar la grave crisis de la vivienda que arrastra hace años el Estado español. Este poco margen dificulta que los tribunales paren máquinas en ciertos casos. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional no cambiará el orden del día del pleno de este martes con el que aprobará la amnistía de la malversación del 1-O, que permitirá el regreso del president en el exilio, Carles Puigdemont, y de los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Además, los políticos condenados podrán presentarse a elecciones (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa y Raül Romeva). Después de este plenario, el Constitucional aplazará los temas polémicos y con vertiente política. En Catalunya, hace meses que se espera su pronunciamiento sobre las nuevas leyes para blindar el catalán en la escuela, denunciadas incluso por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
Un caso urgente también es la ley de nietos, que el Tribunal Supremo paralizó, y que ahora implica que unas 500.000 personas nacionalizadas españolas no puedan ejercer su derecho a voto. El Supremo tardará en dictar sentencia, pero este lunes —en una vista prevista hace días— ha oído los razonamientos de la Abogacía del Estado para que revoque estas medidas cautelares, aprobadas el pasado 8 de septiembre. Por contra, el partido Iustitia Europa le ha pedido que las mantenga porque a su parecer se ha incrementado de forma fraudulenta el censo electoral. Con todo, la ley de memoria democrática y la instrucción que permite obtener la nacionalidad no han sido denunciadas desde su aprobación, en 2022.
Los casos de corrupción
Paralelamente, los tribunales seguirán las investigaciones de los casos de corrupción; actualmente, la mayoría se centran en el PSOE, pero también del PP, que se concentran en la Audiencia Nacional. Los jueces instructores del caso Plus Ultra, con la imputación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas; el que investiga las cloacas del PSOE, con Leire Díez y Santos Cerdán, así como otra causa de corrupción del ex secretario general socialista, seguirán adelante. Inicialmente, sin embargo, no se prevé que en campaña electoral se anuncie la fecha del juicio que debe afrontar la mujer de Sánchez, Begoña Gómez, con un jurado, que no se prevé que sea hasta el año 2027.
En cuanto al PP, está pendiente la sentencia del caso Kitchen, de la cual todavía no hay fecha de publicación, según han informado a ElNacional.cat fuentes judiciales. Por este caso, fue juzgado el exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía pide 15 años de prisión por haber hecho espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y destruir pruebas contra el partido.
En cuanto a causas relacionadas con Catalunya, hay investigaciones sobre la gestión de la DGAIA y las ayudas a menores extutelados, pero sin que acaben de arrancar en los juzgados ni en la Fiscalía. Paralelamente, el espionaje a políticos catalanes con el software Pegasus por parte del Estado español, a través del CNI, continúa sin ser prioritario para los juzgados de Barcelona haya o no elecciones.