Llega el govern alternativo. El PSC, que ya inauguró este concepto después de la investidura de Pere Aragonès el año pasado, se ha reunido este viernes en el Parlament para aprobar un 'Plan de respuesta al impacto de la invasión rusa de Ucrania'. Los socialistas, que no han escondido su voluntad de erigirse en la alternativa al gobierno independentista de ERC y Junts, y que ven destinado al fracaso, han hecho de esta cuestión su campo de batalla: ya hace varias semanas que publicitaban el anuncio. En total, el plan cuenta con 25 medidas y propuestas para hacer frente a la actual crisis, marcada por la inflación y el encarecimiento de los precios. Todos ellos apelan directamente a la Generalitat, y es que aseguran que la Unión Europea y La Moncloa ya han respondido de manera "contundente, firme, unitaria y rápida". Ahora falta que el ejecutivo catalán "adopte, también, un paquete de medidas".

 

Este mismo viernes, la portavoz del grupo socialista, Alícia Romero, ha comparecido para explicar las medidas acordadas, remarcando el "ánimo constructivo" con que las comparten. "Queremos ayudar al Govern de la Generalitat", ha dicho, asegurando que su voluntad no es despreciar al ejecutivo catalán. Ayer, el líder socialista, Salvador Illa, informó de que haría llegar estas propuestas el presidente Aragonès "para que, si lo considera oportuno, tome en consideración las medidas que planteamos". "Le garantizamos la colaboración de mi grupo en una respuesta coordinada y conjunta en este momento de dificultad, si así lo desea", anunció.

25 propuestas para todos los ámbitos

Las medidas que comparten los socialistas abarcan todos los ámbitos afectados. Para el sector económico reclaman al Govern fortalecer el diálogo con los agentes sociales y económicos y crear una mesa de emergencia económica, mientras que sitúan algunas medidas concretas como ofrecer 500 millones de euros en ayudas directas a empresas y autónomos y reducir algunos impuestos para las empresas. En el ámbito social, advierten de la necesidad de proteger a las familias y los colectivos más vulnerables, y destacan las que ya ha aprobado el Gobierno en estas materias. Al ejecutivo catalán, piden que incremente la financiación de los servicios sociales a los municipios, aumentando en 20 millones de euros la financiación destinada para atender la urgencia social, y sumar un número significativo de viviendas de alquiler social.

Sus anuncios más destacables se enfocan a la llegada del éxodo masivo de refugiados a Catalunya, y alerta de la importancia de una respuesta integral y coordinada para hacer frente. Así, sus propuestas reclaman activar la renta garantizada de ciudadanía temporal para las personas que lo necesiten, activar la asistencia sanitaria garantizada y potenciando un programa de apoyo de bienestar físico, emocional y psico-social con traductores, y hacer posible la escolarización de los menores que lleguen. En términos más genéricos, también apuesta por facilitar la integración de estos niños con aulas de acogida, garantizar el acceso al ocio educativo y a las actividades extraescolares, ofrecer un apoyo económico a las familias acogedoras, y detectar a las mujeres víctimas de violencia machista.

Y en energía también quieren que el Govern haga frente al aumento de precios de la electricidad y el combustible, por lo que apuestan por transitar hacia un sistema de renovables. Así, piden favorecer la inversión en plantas eólicas y fotovoltaicas, entre otras medidas, pero también proteger a los consumidores más vulnerables por los incrementos de precios con ayudas al autoconsumo. Más allá, los socialistas también ven necesario reforzar la ciberseguridad en Catalunya, y "repriorizar" los proyectos presentados para ser financiados por los fondos Next Generation de la Unión Europea junto con los agentes sociales y económicos.