El juez José de la Mata ha archivado una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) por delitos de rebelión y sedición por haber aprobado una moción de apoyo a la resolución independentista del Parlament, anulada por el Tribunal Constitucional.
El magistrado de la Audiencia Nacional entiende que la Constitución consagra "la más amplia libertad para la exposición y defensa públicas de cualquiera concepciones ideológicas, incluyendo las que pretendan para una determinada colectividad la condición de comunidad nacional".
El ministro no lo ve
Destaca además que el pleno de Sant Cugat aprobó esta moción antes de que el pasado 2 de diciembre el Tribunal Constitucional declarara la ilegalidad de la resolución independentista del Parlament y "no existía un mandato general en las autoridades y servidores públicos de abstención de opinar o posicionarse ideológicamente".El ministro de Justicia, Rafael Catalá, después del Consejo de Ministros de este viernes, sin haber podido leer todavía el auto, ha insistido en que el Ayuntamiento ejerció una función "que le sobrepasaba" que no fue en "ejercicio de la libertad de expresión", contrariamente a lo que dice el juez. Catalá ha justificado la denuncia de la fiscalía diciendo que "defiende el interés general".
Cuatro ayuntamientos más
Se trata de una de las cinco denuncias que formuló la Fiscalía de la Audiencia Nacional contra cinco ayuntamientos catalanes por haber aprobado la resolución independentista: Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), Igualada (Anoia), Celrà (Gironès) y la Seu d'Urgell (Alt Urgell).De momento, sólo han abierto diligencias para investigar estos hechos denunciados por la Fiscalía los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y Fernando Andreu con respecto a los Ayuntamientos de Celrà (Gironès) y la Seu d'Urgell, respectivamente.