La consellera de Presidència y portavoz del Govern, Neus Munté, ha brindado hoy apoyo a la titular de Governació, Meritxell Borràs, y ha subrayado que ve "normal" que los funcionarios puedan optar por pedir fiesta el 6 de febrero para manifestarse contra el juicio del 9-N.

Las entidades soberanistas ya animaron a los trabajadores a pedirse fiesta para asistir a la concentración ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el 6 de febrero, en el inicio del juicio contra el expresident de la Generalitat, Artur Mas, l'exvicepresidenta Joana Ortega i la exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau.

El fiscal pide 10 años de inhabilitación para Mas por presuntos delitos de "desobediencia grave" y "prevaricación" y 9 años para Ortega y Rigau como "cooperadoras necesarias" en el proceso participativo o consulta alternativa del 9 de noviembre de 2014, que fue prohibido por el Tribunal Constitucional a instancias de la Fiscalía General del Estado, y pese al desacuerdo de los fiscales catalanes.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, Munté ha remarcado que "en ningún caso" el Govern está pidiendo que los trabajadores públicos reclamen fiesta. No obstante, la portavoz ha dicho estar "de acuerdo" con Borràs en que "es normal que haya funcionarios que, en el uso de su libertad individual", opten por pedir fiesta, porque lo que sucederá el 6 de febrero "es un hecho muy grave": "Es el inicio de un juicio político", ha apostillado.

Bien y necesario pedir fiesta

Borràs ha afirmado hoy que "encontraría bien y necesario" que los funcionarios pidieran fiesta, unas palabras que han levantado críticas desde la oposición. Ha estado en un duro choque en el Parlament con el diputado de Ciudadanos José María Espejo-Saavedra, en el que ambos se han acusado de utilizar a los funcionarios como "arma política", si bien Borràs ha garantizado que no "los pondrá en riesgo" con el referéndum.

"¿No le da vergüenza decir que nosotros utilizamos a los funcionarios como herramienta política, después de afirmar que encontraría normal que se cojan fiesta para acompañar a (Artur) Mas -en su declaración ante la justicia?. ¿No le da vergüenza? ¿Eso no es utilizar?", ha clamado al diputado de Ciudadanos, que ha calificado "grave y vergonzoso" que estas aseveraciones las realice la responsable del Departament que dirige a los empleados públicos.

En su turno de réplica, la consellera ha sido contundente al afirmar: ¿"Vergüenza? Ninguna, al contrario". Borràs ha argumentado que ante la judicialización de un "hecho político" como la consulta del 9-N, y ante la pregunta en un medio de comunicación de "si vería bien que los funcionarios se tomen asuntos propios para dar apoyo" al expresident, la exvicepresidenta y la exconsellera de Educació en su declaración ante la justicia, su respuesta fue: "Sí, lo encontraría bien y necesario. Pues esta es mi opinión", ha replicado.

El diputado de Ciudadanos ha exigido a la consellera que garantice que el Govern no dará "ninguna instrucción, orden o recomendación" a los funcionarios contraria a las leyes y a la Constitución con vistas al posible referéndum de independencia, y ha instado al Ejecutivo catalán a "asumir solo y en exclusiva las consecuencias" en caso de desobediencia. En caso contrario, ha dicho, el Govern estará situando a los funcionarios en una "tesitura complejísima" y los dejará "desamparados": "No haga que los funcionarios paguen las consecuencias de sus actos", ha reclamado a la consellera.

Ley de Transitoriedad Jurídica

Borràs, en este sentido, ha garantizado que el Govern "no pondrá en riesgo" a los empleados públicos, de acuerdo con el derecho vigente en aquel momento, en alusión aunque sin citarlo, a la ley de transitoriedad jurídica que preparan Junts pel Sí y la CUP. "El Govern no ha puesto ni pondrá a ningún trabajador público en situación de riesgo" y "no ha emitido ningún informe o instrucción para incumplir legalidad ni ninguna instrucción concreta para desobedecer el Estado de derecho", ha dicho Borràs.