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Daniel Osàcar, extesorero de Convergència Democràtica (CDC), ha sido puesto en libertad con cargos por el juez de El Vendrell que investiga el caso del 3%. El magistrado, a solicitud de la Fiscalía, le ha retirado el pasaporte al estimar que puede existir riesgo de huida. Acusa a Osàcar de los delitos de soborno, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración del precio en concursos y subastas públicas y falsedad en documento mercantil, de acuerdo con la calificación provisional del juez, informa EFE.

La Guardia Civil ha detenido hoy en su casa a Osácar, de 80 años y con un delicado estado de salud. Su domicilio ya fue registrado el mes de agosto pasado en busca de documentación relacionada con el caso, pr ser el responsable de la tesorería de CDC en la época en que se adjudicaron alguna de las obras que se investigan en el caso.

Osàcar fue el tesorero de CDC hasta el 2010. Se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas del magistrado, según fuentes judiciales.

La defensa del extesorero de CDC, ejercida por el abogado Xavier Melero, se ha opuesto a la medida cautelar de retirada del pasaporte. Argumenta que en julio del año pasado un juez de Barcelona archivó una causa contra él, al no poder acreditar que dispusiera de cuentas bancarias en Suiza y Gibraltar, como sostenía un informe policial basado en una denuncia anónima. Melero recurrirá la medida si su cliente la considera "desproporcionada".

La detención de Osàcar se enmarca en la operación Petrum III, que instruye Josep Font, el titular del juzgado número 1 de El Vendrell. Esta semana ha practicado 21 registros y 12 detenciones, por el supuesto cobro por parte de CDC de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública. Entre los detenidos está el actual tesorero del partido, Andreu Viloca, que ingresó ayer en prisión incondicional.

Comparecencia de Artur Mas

El extesorero de CDC ha sido detenido momentos antes de la comparecencia, a petición propia, del president de la Generalitat y de CDC, Artur Mas, ante la Diputació Permanente del Parlament para dar explicaciones sobre el sistema de adjudicación de obras de la Generalitat.

La operación policial en busca de pruebas sobre la presunta financiación ilegal de CDC añade más presión a las negociaciones sobre la investidura y se produce a pocos días del pleno de constitución del nuevo Parlament surgido de las elecciones del 27S.

Declaración de Rosell

También declaró en el mismo juzgado Josep Antoni Rosell, director general de Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat detenido el miércoles con algunos empresarios a los que el juez relaciona con la trama. Entre ellos figura Xavier Tauler, exconsejero delegado de la constructora Copisa.

Recurso de Viloca

El letrado Xavier Melero, abogado del tesorero de CDC, Andreu Viloca, ha anunciado hoy que recurrirá ante la Audiencia de Tarragona la prisión incondicional para su cliente dictada por el juez del Vendrell porque considera que es una medida "exagerada".

El juez ha decretado prisión preventiva incomunicada sin fianza para el tesorero de CDC, acusado de seis delitos de corrupción, tal como planteaba la Fiscalía Anticorrupción, al estimar que existe riesgo que pueda destruir pruebas.

Melero ha explicado que Viloca ha reaccionado ante la decisión del juez con "la serenidad de la persona que tiene la conciencia tranquila, de quien no ha hecho nada malo."

Registro en la Catdem

La Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil ya registraron el mes de agosto pasado el domicilio de Osàcar, la fundación Catdem, vinculada a CDC, y el despacho de su actual administrador, Andreu Viloca, en la sede del partido, en relación con el presunto cobro de comisiones ilegales de la constructora Teyco a cambio de obras públicas en ayuntamientos controlados por la formación nacionalista.

Los agentes registraron durante cerca de ocho horas la sede de la fundación Catdem, a la cual se cree que Teyco pagó comisiones del 3% del importe de obras públicas municipales, la mayoría financiadas con fondos del Estado procedentes del "plan Zapatero" entre el 2009 y el 2010.

Daniel Osàcar aparece también en el caso del expolio del Palau de la Música, por el cual la Fiscalía le pide siete años y medio de prisión por su papel supuestamente clave en el presunto pago de comisiones ilícitas de la constructora Ferrovial a CDC. (EFE)