El Congreso ha rechazado este martes que se fije como requisito que el personal de la administración de justicia conozca y utilice, tanto en el formato oral como en el escrito, las lenguas cooficiales –catalán, euskera y gallego– en las comunidades autónomas que las tengan, como es el caso de Catalunya.
Tampoco ha aprobado la promoción y uso de estas lenguas entre jueces, fiscales, secretarios y otros trabajadores de la Justicia. Eso se buscaba armonizar a través de un plan orientado a estos efectos, y la consideración, esta vez sí como requisito, que en la primera actuación del proceso se establezca el derecho del ciudadano a que se desarrolle en la lengua cooficial que desee.
Este ha sido el resultado del debate y votación de una propuesta de proposición no de ley que ha tenido lugar en la comisión de Justicia del Congreso, a iniciativa del portavoz de Unidos podemos- En Comú Podem en la comisión, Jaume Moya. Esta propuesta era de seis puntos y finalmente se han votado por separado.
El PSOE había ofrecido una enmienda a En Comú Podem para conseguir un acuerdo al respecto, pero como no se ha conseguido unificar posiciones con los otros grupos, el socialista se ha abstenido.