El vicepresidente y conseller d'Economia, Oriol Junqueras, ha confirmado que el consejo de administración de Infraestructures.cat -empresa pública que cuelga de Economia- se ha personado como acusación particular en las causas que afectan al exdirector de la empresa pública Josep Antoni Rosell.

Junqueras lo ha confirmado durante una comparecencia en el Parlament donde también ha explicado que Rosell había demandado a la empresa por despido improcedente.

En esta cuestión, Junqueras ha matizado que el contrato de Rosell era un contrato laboral ordinario de alto directivo. Según el responsable de Economia, este contrato se basa en la confianza y, por lo tanto, "la pérdida de confianza es uno de los motivos de peso para rescindir el contrato".

"Pérdida de confianza"

Junqueras ha argumentado que el consejo de administración de Infraestructures.cat estuvo de acuerdo en la rescisión del contrato de Rosell a raíz de su imputación en uno de los casos vinculados a la red del 3%.

El juzgado del Vendrell que investiga el caso Petrum sospecha que el exdirector general podría haber participado en la manipulación de concursos aprovechando que era también el presidente de la mesa de contratación de Infraestructures.cat. Los investigadores apuntan que podría ser el nexo entre las empresas beneficiadas por la adjudicación de contratos y el partido del gobierno.

Junqueras marca distancias con CDC

Durante su comparecencia en el Parlament, Oriol Junqueras ha querido marcar distancias con el anterior gobierno y ha explicitado que, desde que Esquerra se hizo cargo de la conselleria de Economia -de quien depende Infraestructures.cat- una de las prioridades era rescindir el contrato con Rosell.

Ante la pregunta de algunos de los partidos de la oposición sobre por qué habían tardado hasta 4 meses en rescindir el contrato, Junqueras ha argumentado que pidieron asesoramiento jurídico al gabinete de la Generalitat y a un equipo externo. Rosell fue despedido el 25 de febrero del 2016.

Junqueras también ha querido despejar las dudas que la oposición le ha puesto sobre la mesa por el despido que se hizo de Rosell después de estallar la investigación. El vicepresidente aseguró que antes de que llegara el nuevo presidente propuesto por su departamento, la anterior dirección ofreció a Rosell apartarse de la dirección general y liderar un "proyecto de internacionalización y i + d + i" en la misma empresa , manteniendo, sin embargo, el mismo sueldo.

El interesado, sin embargo, nunca quiso asumirlo y no se cerró esta operación.

Así, según Junqueras, "dada la discrecionalidad de su nombramiento, el régimen retributivo y las retribuciones en especies", el actual Govern decide que se "revise su situación contractual, considerando que era un contrato laboral de alta dirección".

"Esta naturaleza contractual es avalada por la asesoría jurídica de Vicepresidència, y el consejo de administración de la empresa también muestra la falta de confianza en el directivo, y lo votó en febrero de 2016, con el desistimiento del contrato por desconfianza ", comentó Junqueras.

Es por ello que, según el vicepresidente, la demanda que Rosell ha presentado por despido improcedente no debería tener demasiado recorrido. Según Junqueras, Rosell "tiene una plaza funcionarial, y él interpretaba que su contrato era de carácter laboral", pero "la consejería de Economía y los asesores jurídicos interpretaron que era un contrato de alta dirección, que se basaba en la confianza, y por tanto el desistimiento se basaba en la desconfianza ". "No puede haber indemnización porque los cargos de confianza desisten por la desconfianza", concluyó Junqueras.

La secuencia de los hechos

El 21 de octubre del 2015, la policía registra el despacho del director general de Infraestructures.cat, por orden del juzgado número 1 de El Vendrell. El juzgado pidió siete expedientes ya adjudicados y uno que estaba pendiente de adjudicación. Correspondían al periodo 2011-2012.

En el mes de diciembre, los asesores penalistas de la empresa Infraestructures.cat emitieron un informe en el que pedían no comparecer en las actuaciones hasta que no se levantara el secreto de sumario.

Una vez analizada la documentación, "ya bajo el actual Govern" -ha enfatizado Junqueras-, los abogados penalistas emiten un nuevo informe en el que recomiendan personarse, cuanto antes mejor, sin necesidad de esperar a que se levantara el secreto de sumario.

El 31 de marzo de 2016, el presidente actual de Infraestructures.cat -tal como acordó el Consejo de Administración- llevó al juzgado los documentos que habían motivado la consulta a los abogados penalistas. El mismo consejo de administración -celebrado el día antes- acordó también pedir un informe al gabinete jurídico de la Generalitat y actuar de conformidad con este.

El 27 de abril de 2016, el gabinete jurídico de la Generalitat concluyó que la opción de personarse antes de que se levantara el secreto de sumario era la más idónea.

A fecha de 25 de mayo de 2016, el asesor en materia penal concluye que lo más adecuado es comparecer como acusación particular de manera inmediata en los procedimientos. La comparecencia como acusación particular se llevó a cabo dos días después, el 27 de mayo de 2016.