El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha notificado al director de TV3, Vicent Sanchis, que puede incurrir en "eventuales responsabilidades, incluida la penal" si colabora con la preparación u organización del referéndum del 1 de octubre en calidad de máximo responsable de la televisión pública catalana, según ha sabido El Nacional. El apercibimiento incluye la emisión de la campaña de publicidad institucional sobre el referéndum, que debería ser suspendida por orden del Tribunal Constitucional.
Sanchis ha recibido la comunicación personal del tribunal sobre la suspensión del decreto de medidas complementarias de la ley del Referèndum aprobado por el Govern y que el Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente al admitir el recurso presentado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El texto literal del auto hace esta advertencia:
"Os advierto de vuestro deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada. Particularmente, que os abstengáis de iniciar, tramitar, informar y/o dictar, en el ámbito de vuestras respectivas competencias, acuerdo o actuación alguna que permita la preparación y/o celebración del referéndum sobre la autodeterminación en Catalunya, regulado en el Decreto objeto de la presente impugnación, con el apercibimiento de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que podéis incurrir en caso de no atender este requerimiento"
Notificaciones a más de mil cargos públicos
El TC decidió que se notificara el acuerdo a más de 1.000 cargos públicos catalanes: el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y todos los miembros de su gobierno; el secretario del Govern, Víctor Cullell; 60 altos cargos más de la administración catalana, entre los cuales Sanchis, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, el director general de los Mossos, Pere Soler, y el major de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, entre otros, así como los 947 alcaldes de los municipios de Catalunya. En el caso de estos últimos, las notificaciones las realiza la Delegación del Gobierno central en Catalunya.
El TC admitió a trámite el pasado jueves los recursos del Gobierno español contra la ley del referéndum, la resolución del Parlament sobre la sindicatura electoral, el decreto de convocatoria del 1-O y el de normas complementarias. Este martes, el Alto Tribunal ha admitido también a trámite el recurso contra la ley de Transitoriedad Jurídica, que también ha quedado suspendida cautelarmente.