El Diplocat, el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, ha publicado una relación detallada de 45 casos de persecución de la lengua catalana en España, en un detallado informe sobre la catalanofobia que ha redactado en castellano, inglés, alemán y francés. El informe, que se titula España sigue persiguiendo la lengua catalana y al que ha tenido acceso El Nacional, da un repaso a los episodios de catalanofobia lingüística que se han vivido en los últimos 10 años, con voluntad de explicarlos a nivel internacional.

"El reciente caso de un profesor universitario que fue increpado y multado por un policía español por haberle hablado en catalán en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, lejos de ser anecdótico, es uno más que se suma a la larga tradición de discriminación lingüística perpetrada por funcionarios del Estado en Catalunya contra ciudadanos de pie", indica el informe.

Según el Diplocat, los incidentes lingüísticos con servidores públicos se originan en situaciones de desigual posición de poder y en el marco de una asimétrica estructura jurídica de derechos y deberes. "El ciudadano pone en práctica su derecho legalmente reconocido de utilizar el catalán (lengua cooficial en Catalunya) para dirigirse a la administración y choca con una postura autoritaria que le exige cambiar de idioma con la excusa del deber constitucional de saber español".

El informe detalla 45 casos con repercusión pública, extraídos de la Base de Datos sobre la Catalanofobia, divididos entre "catalanofobia policial" (28), "catalanofobia en el sistema judicial" (10) y "catalanofobia en otras esferas de la administración española" (7). Detalla los casos aparecidos en los medios de comunicación.

El informe explica el papel de los funcionarios del Estado en la difusión del castellano como lengua oficial. "Ello fue especialmente relevante en el Reino de España, donde el Estado, de matriz castellana, se tenía que imponer sobre una realidad territorial plurilingüe", apunta, y subraya que de aquí surgió el concepto "catalanofobia".

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