Por si no faltaban frentes de conflicto, se suma uno nuevo. En las últimas semanas, los dos socios del Gobierno han exhibido sus diferencias en múltiples ámbitos, desde la ampliación del aeropuerto del Prat hasta la reforma fiscal, pasando por la regulación de los precios del alquiler. Ahora el elemento de fractura ha sido otro, que ya lo había sido en el pasado: la detención del president Carles Puigdemont en el aeropuerto del Alguer. Mientras el PSOE expresa su "respeto" por las actuaciones que se han llevado a cabo y pueda tener lugar, el espacio de Unidas Podemos denuncia la situación.
El socio mayoritario, el PSOE, impone el relato y es fiel a su hemeroteca más prudente. Conocida la detención, ya de madrugada, emitía un comunicado expresando "respeto" por la actuación de las autoridades y tribunales italianos y defendía que el president "debe someterse a la acción de la justicia como cualquier otro ciudadano". En la misma línea se ha pronunciado Pedro Sánchez desde la isla de La Palma, que no obstante ha asegurado que "hoy más que nunca es necesario reivindicar el diálogo". Es consciente de los peligros que acarrea. Por su parte, las ministro de Defensa y Ciencia, Margarita Robles y Diana Morant, también se han esforzado por intentar desvincularlo tanto de la mesa de diálogo como de la inminente negociación de los presupuestos del Estado. "No tiene ningún sentido", ha dicho Robles.
Un posicionamiento distinto al de Unidas Podemos. En el pasado, el entonces vicepresidente Pablo Iglesias y otros ministros morados defendieron que era un exiliado y que se tenía que detener su persecución. Poco después de hacerse pública la detención, el presidente del grupo parlamentario y también abogado, Jaume Asens, lo calificaba de "detención ilegal". La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha comparecido también desde La Palma. No ha ido tan lejos, y ha dicho que "respetarán" las decisiones, pero aun así ha remarcado que el Gobierno está "concentrado en abandonar la judicialización" porque se ha demostrado que es un "callejón sin salida".
Sea como sea, todo esto es un obstáculo importante en el panorama político que tiene de antemano. La detención de Puigdemont, cuando según la defensa del president tendría que tener la euroorden suspendida, llega una semana después de la mesa de diálogo, coja por la ausencia de Junts per Catalunya. Y llega también cuando se inicia la negociación de los presupuestos del Estado, donde los votos de los partidos independentistas serán claves para que Pedro Sánchez vuelva a aprobar unas cuentas públicas. Se añade un nuevo elemento encima de la mesa: la situación de los exiliados que no resolvieron los indultos parciales.
Interior niega que hubiera policía española
Todavía hay muchos zonas oscuras por resolver de la detención de Puigdemont al Alguer, a nivel jurídico y también a nivel logístico. En este contexto, desde La Moncloa niegan que hubiera agentes de la policía española en el aeropuerto de la Cerdeña cuando tuvo lugar la detención, al bajar del avión. Fuentes del Gobierno insisten en que la actuación fue llevada a cabo por la policía italiana sin ninguna intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. De momento, Puigdemont está en prisión a la espera de pasar a disposición judicial.