Era evidente que la detención del president Carles Puigdemont crearía muchas turbulencias, también en la política española. Desde La Moncloa emiten comunicados que no dicen nada, expresando "respeto" por los tribunales y poco más. Pero hay un temor: que todo acabe afectando a la relación con el independentismo. Por eso, este viernes, varios ministros han corrido a intentar desvincular lo que ha ocurrido de la negociación de los presupuestos del Estado y de la mesa de negociación entre el Estado y la Generalitat. Son conscientes de que encima de la mesa entra, con más fuerza, un viejo elemento: la situación de los exiliados que no resolvieron los indultos parciales.
En una entrevista en TVE esta mañana, Margarita Robles ha reiterado el "respeto a las decisiones judiciales" después de la detención del expresident de la Generalitat, y ha remarcado que se ha abierto un "debate jurídico" que tendrán que resolver los tribunales. Si bien hay "términos jurídicos que se tendrán que dirimir", la ministra de Defensa ha querido negar que se trate de una detención "ilegal", como denuncia la defensa de Puigdemont. Ha insistido en que "nadie puede eludir la acción de la justicia", y se ha limitado a pedir que no se adelanten acontecimientos.
Dicho todo eso, Margarita Robles ha querido situar la detención de Puigdemont "al margen" de la negociación de los presupuestos, que ha empezado esta misma semana con las reuniones del ministro Félix Bolaños con los grupos parlamentarios, entre ellos los independentistas. "No tiene ningún sentido", ha valorado. La titular de Defensa ha separado "una situación personal", la de Puigdemont, de las cuentas públicas del Estado, que persiguen "favorecer la vida de las personas y el interés general".
En paralelo, también ha hablado la ministra de Ciencia, Diana Morant, en una entrevista en RNE. La dirigente socialista ha esperado que estos hechos no afecten al diálogo con el independentismo, especialmente con ERC. En este sentido, Morant ha defendido que "tendría que separarse completamente", que "la justicia va por un lado y las acciones del gobierno, la política, va por otro". Si bien ha expresado "respeto" una vez más por los tribunales, también ha recordado que el ejecutivo central "tiene una clarísima voluntad de volver a un punto de inicio en el que la política vuelva a sentarse y establezca puentes".
El comunicado de Moncloa
Ya pasada la una de la madrugada, La Moncloa emitió un comunicado público donde expresaba su "respeto" a las decisiones de los tribunales italianos y concluía: "En consecuencia, Puigdemont tiene que someterse a la acción de la justicia, exactamente igual que cualquier otro ciudadano".
Se trata de un comunicado breve de tres puntos. Por una parte, desde el gobierno central aseguran que "la detención del señor Puigdemont obedece a un procedimiento judicial en curso que aplica a cualquier ciudadano en la Unión Europea que tiene que responder de sus actos ante los tribunales". Por otra parte, La Moncloa "manifiesta su respeto a las decisiones de las autoridades y tribunales italianos, como siempre lo ha hecho con los tribunales españoles y europeos que han dictado resoluciones en los procedimientos judiciales que afectan al señor Puigdemont". Y concluye asegurando que Puigdemont es como "cualquier otro ciudadano".