Pablo Llarena tramitó las euroórdenes contra todo el Govern en el exilio y por la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y sólo tenía que esperar la decisión de los diferentes jueces. Con las fiscalías coordinadas y haciendo los trámites a instancias de la Fiscalía del Tribunal Supremo, la atención estaba puesta en Alemania donde se detuvo al president Carles Puigdemont y donde se esperaba, por parte de la justicia española, que se aceptaran los delitos de rebelión y malversación y la extradición del president.

Pero descartando el delito de rebelión, porque el juez alemán no ve por ningún sitio violencia, los planes de Llarena han quedado restañados. Y las reacciones se están haciendo esperar.

De momento, el Tribunal Supremo la única cosa que ha dicho de manera más o menos oficial es que al Tribunal Supremo "todavía no ha llegado ninguna notificación de las autoridades judiciales alemanas". Y de hecho no llegará hasta que el juez no decida sobre el delito de malversación y sobre la posible extradición.

La fiscalía tampoco se pronuncia. Sólo ha dejado en el aire si puede o no presentar recurso a la decisión de la libertad bajo fianza y al hecho de que se haya descartado el delito de rebelión. Fuentes del ministerio público esperan ver la resolución por si el juez ha dejado abierta la posibilidad de presentar recurso, aunque en un principio la resolución es firme.

Quien sí ha reaccionado enérgicamente para decir que estudian reaccionar judicialmente ha sido la acusación popular. VOX ha comunicado que "los servicios jurídicos, en coordinación con los abogados alemanes, están estudiando las medidas legales oportunas para conseguir que el procesado pueda finalmente ser juzgado por todos los delitos de rebelión y malversación".

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