Los ciudadanos afectados por las cargas policiales del 1-O se han agrupado en una nueva asociación, Democràcia i Justícia per Catalunya, para defender sus derechos tantos dentro del Estado español como en instancias internacionales. Esta entidad, que se ha adscrito en el registro de las Naciones Unidas, llevará el caso también al Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

"Será la primera asociación que hará denuncias ante instancias internacionales en defensa de los ciudadanos. Hasta ahora estas denuncias eran por los presos y exiliados. Será la primera vez que se empodera a ciudadanos para acreditar que el Estado español vulnera derechos fundamentales de expresión y manifestación", ha asegurado una de las responsables de la entidad, Núria Garrido, durante el acto de presentación que se ha hecho este viernes en el Ateneo de Barcelona.

Garrido ha explicado que presentarán denuncias de tortura y trato denigrante y de vulneración del derecho de participación política, y ha adelantado que antes del 24 de junio presentarán un informe ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos para la elaboración del informe EPU (Examen Periódico Universal) a que somete periódicamente los estados miembros de la ONU.

La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que ha participado en el acto de presentación, ha subrayado la importancia de las actuaciones en el exterior. "Esta iniciativa de llevar acciones ofensivas es fundamental, porque es importantísimo que no estemos sólo resistiendo, sino que ataquemos, porque la vulneración de derechos fundamentales es enorme, ha advertido".

La responsable de la entidad independentista ha destacado que el resultado de estas iniciativa no es sólo conseguir "democracia, justicia y reparación" de manera individual sino también reforzar "la causa del derecho a la autodeterminación de Catalunya".

También el abogado Àlex Solà, que forma parte del equipo que defiende a Jordi Cuixart en el juicio en el procés, ha destacado el papel de estas iniciativas. "Hemos conocido la represión, con mayúsculas, y eso continuará y continuará si no se para el camino hacia la emancipación democrática, y si se para, también", ha advertido.

En el acto está intervenido también el director de la oficina de derechos civiles y Políticos, Adam Majó, y algunos de los afectados por las cargas policiales, que han explicado cómo los afectó la intervención policiales y las secuelas permanentes que los han provocado.