La marcha del proceso de independencia de Catalunya y el bloqueo de la agenda catalana en las negociaciones para la conformación de gobierno en España ha empujado a algunos partidos a repensar el proyecto de Estado, con el objetivo de combatir aquello que algunos tachan de "desafío" y otros de "problema político".

La variedad de propuestas consideradas van desde el reconocimiento de la plurinacionalidad y el derecho de autodeterminación por parte de Podemos, pasando por el federalismo del PSOE, el unionismo inmovilista del Partido Popular, o la eliminación de cualquier diferencia respecto de otras comunidades, por parte de Ciudadanos. No todas ellas son realizables sobre el terreno, y en muchos casos requieren la mayoría absoluta por parte de quien las presenta.

Apoyaré 2.0, "El pacto político" del PSOE

La propuesta del PSOE para el 26-J no se aleja demasiado de la ofrecida durante la campaña anterior. Con más cambios lingüísticos que sustanciales, el secretario general, Pedro Sánchez, indicó que defendería un pacto político bilateral para Catalunya. En realidad, ello supondría la elaboración de un nuevo Estatut, pero Ferraz consideró que no se habría utilizado dicha palabra, por la carga negativa de ésta, después de que el Tribunal Constitucional tumbara el año 2010 el marco legal elaborado bajo el mandato del expresidente José Luís Rodríguez Zapatero, con el consiguiente malestar que generó entre los ciudadanos.

Como El Nacional avanzó, el objetivo del PSOE es celebrar unas ponencias sectoriales con el Gobierno catalán, dirigidas a concretar una serie de competencias y cuestiones para incorporar a la reforma constitucional. Sin embargo, es cuestionable que la reforma constitucional federal pueda llegar a tener lugar: requiere una mayoría en el Senado que difícilmente conseguirá el PSOE, a la luz de las encuestas. Tampoco es un proyecto que comparta ningún rival político, impidiendo así su aplicación en la práctica.

Por otra parte, los barones territoriales como el líder extremeño, Guillermo Fernández Vara, ya advirtieron a Sánchez que debía clarificar qué significaba dicha propuesta, ante el temor a la bilateralidad anunciada. Por ello, el propio primer secretario del PSC, Miquel Iceta, pidió a sus homólogos no tener "miedo" a la oferta. A opinión de Iceta, este "pacto político" sería intercambiable por referéndum consultivo de Estado propio que defiende el Gobierno catalán.

Sin embargo, el secretario general socialista se excusó indicando que la declaración de Granada sí contemplaba estos elementos y que en ningún caso la bilateralidad quedaba al margen de la Constitución. Para consultar la propuesta detallada de los socialistas, entre otras medidas del programa, entra en el documento Compromisos para un Sí en el gobierno de cambio.

El referéndum de Podemos

Los podemitas han conservado la propuesta de referéndum intacta, a pesar de la coalición forjada con Izquierda Unida. En un documento llamado Cambiar España, 50 pasos para gobernar juntos, Unidos Podemos hace constar la celebración de un referéndum en Catalunya "con garantías" y legal, que estaría amparado en el artículo 92 de la Constitución.

La coalición de izquierdas admitiría también la celebración de consultas por parte de todos los gobiernos autonómicos "cuando una mayoría lo pida con intensidad". A priori podría parecer que se incurre en una banalización del ítem, aunque la jefa del gabinete de Pablo Iglesias, Irene Montero, recordó en una entrevista con El Nacional que no hay tantas comunidades pidiendo este derecho, solamente Catalunya. 

De no obtener la mayoría absoluta, o un pacto de mayoría con el PSOE que aceptara la autodeterminación, difícilmente la formación morada podría sacar adelante la medida que proponen los de Iglesias. Es por este motivo que de aplicarse la medida, se estaría hablando de algunas legislaturas vista.

PP y C's: la no-propuesta

Ni Ciudadanos ni PP hacen ninguna propuesta concreta para solucionar el encaje de Catalunya en España. Los dos partidos unionistas continúan enrocados en el inmovilismo y explicitan que no están dispuestos a ceder ni un gramo, ya es toda una declaración de intenciones.

"El encaje lo dejo para los rompecabezas", decía a la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, preguntada sobre la cuestión. La tesis del PP es que todas las mejoras que se puedan aplicar al conjunto del Estado –como una mejora del sistema de financiación, políticas de conciliación laboral y familiar...– también mejorarán la calidad de vida de los ciudadanos. Sobre las relaciones institucionales entre los dos gobiernos: "diálogo desde la lealtad".

En una línea similar se pronuncia Ciudadanos: no hay cabida para el referéndum ni ninguna propuesta concreta para Catalunya. Hay que impulsar un mejor sistema de financiación, que respete el principio de ordinalidad, y otras medidas que –sin diferencias territoriales– beneficiarán al conjunto de los españoles. 

Así las cosas, parece que las propuestas ofrecidas por los partidos españoles van desde la imposibilidad de ser llevadas a cabo, hasta la no existencia de alternativas, hecho que puede acelerar el procés, al margen de las actuaciones del Estado. Eso sí, con la mediación del Tribunal Constitucional, el interlocutor entre las leyes del Gobierno central y las de la Generalitat.