Faltan solo unas horas para que en el palacio de la Moncloa Pedro Sánchez presida una decisiva reunión del Consejo de Ministros. La intención de los dos socios del Gobierno —PSOE y Sumar— es aprobar un decreto ley que ataque la crisis de la vivienda. También es la voluntad de todas aquellas formaciones que hicieron posible la investidura esta legislatura. Pero las diferencias entre unos y otros —especialmente las de Junts y PNV con Podemos— hacen que los equilibrios sean difíciles. Hace unos días que los teléfonos de unos y otros hierven; llamadas y reuniones para acordar un texto con el que todo el mundo se sienta mínimamente cómodo. Son los mismos días que han pasado desde que ha aumentado la presión en la calle. El polémico desahucio de Maricarmen ha encendido los ánimos de muchos ciudadanos que viven en la precariedad a causa del precio de la vivienda y que han salido a manifestarse. La Puerta del Sol de Madrid se ha convertido también en el kilómetro cero del descontento ciudadano por este problema, que es ya el principal de la ciudadanía española según el CIS.
Este lunes la lluvia ha puesto punto final a las temperaturas estivales de Madrid y ha caído sobre las tiendas de campaña de las personas que se concentran en la Puerta del Sol. Pero los manifestantes han permanecido en el corazón de la capital española, pendientes de lo que pase a primera hora de la mañana en el palacio de la Moncloa. Los equilibrios son muy difíciles, y ya se ha puesto de manifiesto. Este lunes a primera hora de la tarde el Gobierno ha enviado a los grupos el borrador con el que trabaja —al que ha tenido acceso ElNacional.cat— y Junts per Catalunya ya ha advertido que el ejecutivo de Sánchez se ha alejado del acuerdo previo entre ambas partes al haber aceptado exigencias de los partidos situados a la izquierda del PSOE. Ya la semana pasada la formación de Carles Puigdemont planteó medidas dirigidas a los fondos buitre: prohibir los desahucios y congelar la compra de vivienda. Y ahora fuentes juntaires se quejan de que el PSOE "da por buenas las ocupaciones" porque deja sin protección a los pequeños propietarios al colocarlos al mismo nivel que los fondos buitre. A pesar del toque de atención a Sánchez, aseguran que están dispuestos a continuar "hablando y trabajando hasta el final".
La letra pequeña del 'decreto Maricarmen'
El texto que el Gobierno español ha enviado a los grupos parlamentarios recoge una prórroga de dos años para los contratos de alquiler, con el requisito de estar al corriente de pago los ocho meses anteriores y hacer la solicitud por periodos anuales, con excepciones como un nuevo contrato, la necesidad de uso por parte del arrendador o su familia, o una rebaja de renta de al menos el 5%. También incluye el límite del 2% en la actualización de la renta hasta 2027 si no hay pacto entre las partes, una deducción del 10% en el IRPF por el alquiler de vivienda habitual para menores de 35 años con una base imponible inferior a 33.007,20 euros, reducciones fiscales del 95% y el 90% en zonas tensionadas y tramos decrecientes del 50% al 15%, y una línea del ICO con financiación del 20% del valor de la vivienda o hasta 50.000 euros, a interés cero y a un máximo de 30 años. Hay también la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta 2028, la regulación de los alquileres de temporada, la tributación de los pisos turísticos como negocio, el blindaje del parque estatal de vivienda y una rebaja del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente. El documento prevé igualmente la prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre, aunque no concreta el mecanismo.
Ahora bien, de entre las peticiones de los socios situados a la izquierda del PSOE, no aparece en este borrador la renovación automática de los contratos de alquiler o la protección completa ante los desahucios, ya que el artículo solo prevé suspender los lanzamientos de personas vulnerables sin alternativa habitacional y hasta 2028, y no una prohibición general. También queda fuera la expropiación de las viviendas en manos de los fondos buitre y la obligación de rebajar los precios de los alquileres.
El Gobierno español hace lo imposible para aprobar un decreto de mínimos, que es lo que defiende, por ejemplo, el PNV. Así lo pedía este fin de semana el presidente del partido, Aitor Esteban, que denunciaba que algunos grupos parlamentarios "vayan a máximos"; refiriéndose a las formaciones situadas a la izquierda del PSOE: Sumar, pero sobre todo Podemos. Estas dos formaciones, junto con Esquerra Republicana, Bildu y Bloque Nacionalista Gallego han ofrecido este lunes una rueda de prensa conjunta a las puertas del madrileño hospital Gregorio Marañón, donde se encuentra ingresada Maricarmen.
Podemos exige expropiar los fondos buitre y Sumar pide una renovación automática de los contratos de alquiler
Resumidamente, reclaman más a Sánchez. Consideran que el acuerdo todavía está lejos y que hay que incluir en el decreto todas las medidas que reclama el Sindicat de Llogateres. "El decreto tiene que parecerse a lo que pide la calle y no a lo que pide Junts per Catalunya, PP y Vox, que han bloqueado la situación y que son culpables de que no se haya podido avanzar, conjuntamente con la falta de ambición del PSOE", ha señalado la republicana Etna Estrems. Por su parte, el diputado de los comuns Gerardo Pisarello ha reivindicado que lo que pide el Sindicat de Llogateres son propuestas "muy razonables" que se están planteando "en muchas ciudades del mundo".
Por su parte, en una entrevista en TVE, la número dos y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha reclamado expropiar las viviendas de los fondos buitre y obligar a rebajar los precios de los alquileres. Por su parte, Sumar amenaza con plantar al PSOE y no asistir a la reunión del Consejo de Ministros. Los sumaritas exigen regular el alquiler de habitaciones y también hacer efectiva la renovación automática de los contratos de alquiler. Es lo que también exige Esquerra Republicana. Fuentes de esta formación califican de "inaceptable" que el borrador no incluya el tope de precios del alquiler de habitaciones, un acuerdo que ya habían cerrado con el PSOE. Además, reclaman que el IVA de las viviendas de uso turístico sea del 21% y no del 10%, como recoge el texto.
No sería la primera vez que pasa esto. El pasado mes de marzo, Sumar tardó en entrar a una reunión del gabinete del presidente porque exigía incluir medidas sobre vivienda en un paquete para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Irán.
La vivienda arrincona la crisis de Ceuta
A Sánchez esta crisis le ha servido para que Ceuta, después de dos meses, deje de ser el principal tema de actualidad. La derecha española —ni PP ni Vox— ha sido capaz de capitalizar esta protesta; ni se han convertido en los defensores de la Maricarmen, ni tienen representación en la Puerta del Sol de Madrid, ni tampoco forman parte de las conversaciones con el Gobierno para redactar este nuevo real decreto.
Fuentes del PP admiten este lunes que el Gobierno no les ha ni llamado. Pero opinan que será difícil hacer equilibrios entre Junts y Podemos porque esto implica "gustar a la burguesía catalana y también a los manifestantes de Sol".
Este lunes, Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Sánchez de instrumentalizar el polémico desahucio de la Maricarmen para recuperar la iniciativa sobre la crisis de la vivienda y señalar al PP como culpable del problema, a pesar de que ya hace ocho años que es presidente del Gobierno. En un discurso en abierto en una reunión del partido, el líder de los populares ha recordado que después del suicidio de Olga en Barcelona, bajo gobiernos socialistas, "no quiso acampar nadie". El jefe de la oposición también ha planteado medidas en materia residencial, y ha prometido aplicarlas si se convierte en el próximo presidente del Gobierno. Fundamentalmente, ha propuesto una nueva ley del suelo y rebajas fiscales.