Las tres profesoras del IES El Palau de Sant Andreu de la Barca investigadas por un supuesto menosprecio a alumnos hijos de guardias civiles han declarado por primera vez ante el juez. Estos son los tres únicos casos que continúan vivos y se las acusa de presuntos delitos de odio y contra la integridad moral porque el día siguiente al referéndum del 1-O habrían debatido en el aula sobre la votación y la actuación de la Guardia Civil, con comentarios despectivos hacia los agentes.

Al fin de las declaraciones, el abogado de una alumna denunciante ha explicado que una de las docentes ha negado "tajantemente" haber insultado a los agentes pero ha admitido que hizo un debate sesgado. Los letrados de las profesoras, a su vez, no han querido atender la prensa.

Según la denuncia de la alumna de 1º de Bachillerato, el 2 de octubre de 2017 la docente ahora investigada habría dicho delante del aula que no estaba en condiciones de impartir clase porque los agentes habían sido unos "bestias", motivo por lo cual prefería abrir un debate sobre el 1-O. Al mismo tiempo, la alumna denunció que la docente la invitó a la marcharse del aula cuando ella manifestó que se sentía incómodo con aquel debate.

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la asociación española de la Guardia Civil y acusación particular en esta pieza, ha dicho que la docente ha negado las expresiones denunciadas por la alumna. Con todo, también ha apuntado que la profesora ha añadido "que posiblemente dijo expresiones similares que la menor no entendió bien".

Según Piedrafita, la misma docente ha negado "tajantemente" que dentro del aula se permitieran insultos como "perros rabiosos", en referencia a los agentes que actuaron para impedir el referéndum.

Debate sesgado

Con respecto al contenido del debate, Piedrafita ha considerado que la profesora ha admitido haber tratado el 1-O de forma sesgada porque "sólo se habló de una parte de la historia, y no de cosas tanto importantes como el valor del respeto a la justicia, al cumplimiento de las sentencias y del valor constitucional". "Valores que no impartió ni parece que tuviera intención de hacerlo", ha añadido el letrado, que ha visto "probado" que la docente "adoptó una postura independentista".

En este sentido, el abogado ha dicho que "ahora habrá que ver si hubo adoctrinamiento", mientras ha añadido que se ha constatado que la mujer cometió un delito de odio y también contra la integridad moral. Según el Código Penal, el primero puede llegar a suponer una pena de 4 años de prisión, mientras que la pena máxima del segundo llega a los 2 años de prisión.

Denuncias archivadas

En paralelo a estas tres investigaciones, el juzgado de instrucción número 7 de Martorell ya archivó meses atrás cinco denuncias contra otros cinco docentes por|para hechos similares. La Asociación española de la Guardia Civil presentó un recurso delante de la Audiencia de Barcelona, que todavía no se ha pronunciado.

Aparte, el juzgado de instrucción número 3 de Martorell archivó otro caso con que se investigaba un noveno profesor del Palau. El magistrado quería aclarar si el docente discriminó a los alumnos hijos de guardias civiles en una asamblea de finales de octubre del 2017 donde se debatía si los estudiantes querían secundar una huelga en protesta por los hechos del 1-O.

Como adelantó la ACN el pasado mes de abril, esta causa también se archivó porque el juez no apreció indicios de delito y constató contradicciones en el relato del alumno que había denunciado los hechos.

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