A principios del pasado mes de noviembre el exministro del Interior, el socialista José Barrionuevo, protagonizaba titulares admitiendo que, en el marco de la guerra sucia contra ETA, se planteó como posibilidad matar al ciudadano francés Segundo Marey, una de las primeras víctimas de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Esta es una operación que, según él, se desarrolló porque la policía española disfrutaba de "cierta autonomía" en estos asuntos. El hecho es que Marey fue detenido por error, al confundirlo por un supuesto dirigente etarra, Mikel Lujua. La detención se hizo en Hendaia, en territorio del estado francés. Precisamente, Barrionuevo fue condenado por el secuestro de Marey y después parcialmente indultado.

Estas declaraciones causaron que ocho eurodiputados, a iniciativa de Clara Ponsatí, llevaran sus palabras ante la Comisión Europea. Además de la exconsellera Ponsatí, la pregunta estaba firmada por otros eurodiputados de Junts i Lliures per Europa como Carles Puigdemont y Toni Comín, además de diputados de ERC como Diana Riba y Jordi Solé, entre otros. Ahora, tal como informa Junts i Lliures per Europa en un tuit, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, ha informado de que el ejecutivo comunitario propondrá una revisión de la directiva europea que regula los derechos de las víctimas de delitos en el bloque para reforzar la atención especial a las víctimas con necesidades específicas y protegerlas ante posibles intimidaciones y represalias. En un tuit, Junts celebra la decisión a raíz de su pregunta "denunciando las declaraciones de Barrionuevo donde justificaba con impunidad los GAL y el terrorismo de estado".

Exigen una disculpa

En la pregunta que plantearon, los eurodiputados recordaban a la Comisión Europea que el Gobierno no ha pedido nunca perdón por "estos crímenes y violaciones de los derechos humanos" y añaden que "la ley franquista sobre secretos oficiales ha impedido una investigación exhaustiva de las actividades y la participación política del grupo, y parece que la revisión de la ley tampoco desclasificará esta información". Después de todo eso, el comisario Reynders ha respondido a la pregunta sobre qué medidas puede adoptar la Comisión Europea para defender los derechos de las víctimas de crímenes de estado, y lo ha hecho anunciando que revisará la Directiva de víctimas. Reynders ha reconocido que todas las víctimas tienen que ser conocidas como tales y tratadas de manera respetuosa, sensible, individualizada, profesional y no discriminatoria" y ha concluido que los estados tienen que tipificar como delito la provocación pública para la comisión de delitos de terrorismo.