Ante el pleno monográfico sobre la "convivencia" forzado por Ciudadanos, que se celebra este miércoles y jueves, la CUP quiere sumar el máximo consenso posible para defender la autodeterminación. La propuesta de resolución impulsada, según aseguran los anticapitalistas, quiere sumar los apoyos de JxCat, ERC y Catalunya en Comú Podem "por combatir el relato de la fractura".
El texto propuesto por la CUP empieza constatando que "existe un movimiento popular y organizado que representa el 80% de la ciudadanía que da apoyo al derecho en el autodeterminación como un derecho reconocido por las Naciones Unidas".
El texto de los anticapitalistas también denuncia una "importante regresión de derecho político, sociales, económicos, culturales y ambientales con graves consecuencias sobre las libertades fundamentales", y considera "de especial gravedad la negación de las funciones políticas básicas del Parlament de Catalunya con soberanía, libertad y plenas garantías".
Finalmente, la resolución conjunta alerta contra "el aumento exponencial de las agresiones fascistas" y "se compromete a actuar" para que no caigan en la impunidad. Finalmente, reivindica el consenso en torno a la escuela pública catalana, "una herramienta imprescindible para la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la calidad educativa".
En un comunicado, los anticapitalistas sostienen que "si se quiere afrontar verdaderamente este pleno como un pleno sobre la priorización de la agenda social y para la recuperación de la convivencia más allá de la cobertura de estrategias electoralistas, que es lo que persigue el grupo proponiente, es imprescindible que se hable de cuál es la realidad social en Catalunya y cómo se ha llegado a esta situación".
Los anticapitalistas han presentado otras propuestas de resolución: una contra los abusos bancarios; una por la redistribución de la riqueza y la corrupción cero; una por la democratización de las instituciones y contra los privilegios de los cargos públicos (que propone un tope de 67.000 euros anuales para las retribuciones de altos cargos), y una contra las listas de espera y en defensa de la sanidad pública.