La CUP se ha pronunciado este miércoles sobre el informe del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en que sostiene que el Estado español vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 al suspender del cargo como diputados en el Parlament Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Jordi Turull. En un apunte en Twitter, los anticapitalistas han aplaudido que, "de nuevo, la ONU pone en evidencia que el Estado español es antidemocrático", y ha dado la razón a los líderes independentistas del 1 de octubre. También el diputado de la CUP se ha referido, reclamando "justicia y reparación". "Que la vulneración de derechos humanos no quede impune, que el Estado sea condenado y sus responsables asuman responsabilidades", ha exigido.
El anuncio de la ONU llega casi cuatro años después de la demanda planteada el 18 de diciembre de 2018 por los cuatro afectados. Según el informe, queda claro que España "violó el derecho político de exmiembros del Govern y el Parlament de Catalunya". En el documento, el Comité de Derechos Humanos apunta que la suspensión como diputados no cumplía "los requisitos de razonabilidad y objetividad exigidos" y apunta que el Estado tiene "la obligación de proporcionar" la posibilidad de "recurso efectivo". "Eso requiere de una reparación integral a los individuos que se les han violado los derechos a los cuales", remarca al comité. Para Esquerra Republicana y Junts, esta decisión representa "una nueva constatación de que la represión política del independentismo catalán por parte del estado español ha vulnerado gravemente los derechos humanos, en este caso, derecho político esencial en una democracia".
Puigdemont, Junqueras y Turull
La reacción de varias figuras políticas ha sido rápida. El presidente en el exilio Carles Puigdemont ha sido uno de los primeros a celebrar el dictamen y lo ha calificado de una bofetada en el estado español. "Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia y tendrían que asumir responsabilidades", ha indicado Puigdemont antes de sentenciar que se dio "un golpe a la democracia". También el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se ha pronunciado con contundencia, avisando de que la resolución de la ONU no solo da la razón a él mismo, a Romeva, a Rull y a Turull, sino que, además, "evidencia que España no puede seguir con las prácticas represivas contra el independentismo". Delante de eso, ha señalado que "la única salida es la amnistía para todos los represaliados". "No valen excusas", ha sentenciado.
Y el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha aplaudido que la resolución supone "un gran cachete" contra el Estado porque demuestra cómo el Estado español decidió "que en Catalunya la política la marcarían las togas y no las urnas". También ha celebrado que la resolución signifique un revés contra el juez del Tribunal Supremo e instructor de la causa contra el independentismo catalán Pablo Llarena, que "ya acumula varias bofetadas a nivel internacional", según ha dicho.