La CUP carga contra el PSC después de que la Audiencia Nacional haya situado un intento de operación sobre el proyecto Hard Rock de Tarragona dentro de la presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo por la cual investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Los cupaires han acusado a los socialistas de tener interés en el macrocomplejo turístico y casino proyectado entre Vila-seca y Salou para "sacar dinero de las arcas públicas". Así lo ha afirmado el diputado de la CUP Xavier Pellicer este martes en una atención a los medios desde Tarragona.
A raíz del auto del juez que investiga a Zapatero, Pellicer ha atribuido "el interés del PSC" en que se desarrollara el Hard Rock al hecho de que "responsables políticos vinculados al PSC y el PSOE podían estar sacando dinero de las arcas públicas". El diputado cupaire en el Parlament ha insistido en que el proyecto "no era para mejorar la situación del Camp de Tarragona" ni para "conseguir más trabajo para la gente", sino para "embolsarse dinero y lucrarse por la corrupción". Pellicer ha ido más allá y ha acusado al PSC de ser "estructuralmente corrupto desde los años 2000 hasta la actualidad", y ha citado los casos Innova en Reus (Baix Camp), Inipro en Tarragona (Tarragonès) y Mercuri en Sabadell (Vallès Occidental).
En su atención a los medios desde la capital tarraconense, Pellicer ha recordado que la CUP denunció el Hard Rock tres veces a Antifrau porque sospechan que es un proyecto "corrupto". Las denuncias las pusieron por "informes que no cuadraban, por compras de terrenos que parecían dudosas y por un entramado de empresas pantalla que parecía que extraían beneficios y que intentaban sacar adelante un proyecto sin ningún tipo de interés público", ha indicado.
La supuesta trama alrededor de Zapatero habría puesto el ojo sobre el Hard Rock, según el juez
El auto del juez de la Audiencia Nacional que ha motivado las declaraciones de Pellicer recoge un contrato firmado el 1 de octubre de 2021 entre dos empresas y el supuesto intermediario de Zapatero, Julio Martínez, "para la búsqueda de oportunidades de negocio" con una "contraprestación del 3%". La supuesta trama puso el ojo sobre el proyecto del Hard Rock de Tarragona, valorado en 2.000 millones de euros. Con todo, el juez admite que "no consta ningún pago" relacionado con esta operación y que, por lo tanto, los contactos "podrían no haberse materializado".
Según la documentación incorporada a los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF), se trata de contratos firmados por el Grupo Aldesa y Consulenza Strategica, propiedad de Julio Martínez Martínez. La documentación recoge que Martínez pidió expresamente que se eliminara la palabra "comisión" del contrato. Este hecho, según el juez, "permite inferir que la operativa se articularía mediante denominaciones alternativas vinculadas a supuestos servicios de asesoramiento, con la finalidad de encubrir la auténtica naturaleza económica de las operaciones". El auto añade que "este patrón reproduce lo que se ha observado en otras sociedades" y refuerza la hipótesis de una estrategia orientada a "ocultar o disfrazar pagos de diversa naturaleza" mediante contratos aparentemente mercantiles.
El Hard Rock, paralizado
Por ahora, el proyecto del Hard Rock tarragonés, proyectado desde hace más de una década —se presentó inicialmente en 2012, cuando Artur Mas era todavía president—, se mantiene paralizado. El Parlament tumbó en marzo una moción impulsada por el PP catalán que pedía al Govern resolver "en el plazo máximo de un mes" el informe de impacto ambiental pendiente y aprobar el Plan Director Urbanístico (PDU) para desbloquear la tramitación del macrocomplejo turístico y casino. Junts, PP y Vox votaron a favor, PSC, ERC, Comuns y CUP votaron en contra, y Aliança Catalana se abstuvo.
Los Comuns y la CUP presionan para detener el proyecto, recogiendo los postulados de la plataforma Aturem Hard Rock, que consideran que el casino y complejo turístico cronifica un modelo económico empobrecedor del cual se benefician unos pocos. Los cupaires han acusado el Govern de ocultar información para salirse con la suya y hace años —desde al menos 2020— que trata de torpedear el proyecto vía Antifraude, mientras que los Comuns propiciaron la caída del Govern de Pere Aragonès al condicionar su apoyo a los presupuestos de 2024 a detener el Hard Rock. Por su parte, los consistorios de Salou y Vila-seca presionan en sentido contrario, para que el proyecto se materialice, al considerar que es una buena inversión en el territorio con puestos de trabajo.