Terremoto en Revuelta, la organización juvenil de Vox, después de que tres de sus exdirigentes hayan dimitido y acusado a la organización de desviar fondos recaudados para ayudar a las víctimas de la DANA que arrasó Valencia en octubre de 2024. Se trata del exvicepresidente del grupo de extrema derecha, Arturo Villarroya, el miembro de la Junta Directiva, Javier Esteban, y de manera separada la exportavoz Elsa Almada. Los tres han anunciado que dejan de formar parte de este grupúsculo —impulsor de los disturbios durante la visita de Pedro Sánchez a Paiporta los días posteriores a las inundaciones— por las presuntas malas prácticas del presidente Jaime Hernández y sus colaboradores más cercanos. La marca juvenil de Vox se dio a conocer por estar detrás de las manifestaciones contra el gobierno español en la sede del PSOE de la calle Ferraz, en 2023.
Villarroya, quien fue asesor de Hermann Tertsch en el Parlamento Europeo, explica que, junto con su compañero de dimisión, pidieron a Hernández “acceso a movimientos de cuentas, conocer el destino de los fondos recaudados para la dana”, así como "posibles retiradas de efectivo y cualquier contratación realizada en nombre de Revuelta". Ante la falta de respuesta, ambos directivos han denunciado ante la fiscalía al presidente y dos colaboradores suyos por acaparar todo el poder de decisión “con absoluta opacidad hacia el resto de miembros de la Junta Directiva y asociados” y señalan que en dos años no se ha convocado una junta o asamblea ni han visto o firmado “documentos, cuentas, contratos, facturas, declaraciones fiscales o movimientos bancarios”. Además, Villarroya cree que "se han apropiado de la asociación y han arrastrado a Revuelta de manera progresiva y deliberada hacia un distanciamiento político y personal contra Vox por intereses personales".
Revuelta defiende su "transparencia"
En medio de esta crisis, Revuelta ha publicado un comunicado en el que aseguran que las acusaciones de los antiguos miembros "buscan sembrar dudas" sobre la organización juvenil y que lo hacen "de manera coordinada por orden de los superiores políticos y por ambición personal". También afirman que el grupo "ha sido objeto de intentos de injerencia por parte de personas vinculadas profesionalmente a VOX" con el objetivo de "apropiarse de la organización, influir en nuestras decisiones internas y condicionar la independencia de esta asociación" y que "como no lo han conseguido", estas personas "han optado por difundir acusaciones públicas inciertas destinadas a intentar erosionar nuestra credibilidad".
Por todo ello, defienden que su concepto de "transparencia" no tiene que ver con "entregar documentación confidencial para ser utilizada por estructuras partidistas" y desmienten que haya habido un desvío de fondos: "Revuelta ha destinado la integridad de sus recursos económicos a las acciones asociativas que por toda España ha podido ver y conocer", dicen en una publicación a través de la red X. Además, dicen, lamentan "profundamente que causas solidarias sean instrumentalizadas ahora para disputas políticas ajenas al bien común y a las mismas víctimas".
