El malestar en las filas de Junts per Catalunya por el caso Madaula va a más. Después de la reunión que este jueves ha mantenido la secretaria segunda de la Mesa con la presidenta del Parlament, Anna Erra, en la que la última le ha abierto la puerta a dejar el cargo del órgano rector, algunos diputados del grupo parlamentario han publicado en X (antes, Twitter) un mensaje contra la que también es vicepresidenta de la formación: "La discrepancia política no es violencia institucional y/o machista, es democracia". El discurso de Aurora Madaula el pasado viernes en el Parlament de les Dones, en que denunció haber sufrido "violencias machistas silenciosas" por parte de compañeros de partido, han evidenciado todavía más la pugna entre el sector turullista y borrassista.

Entre los diputados que se han manifestado al respecto a través de X hay David Saldoni, miembro de la permanente del partido, secretario de Política Municipal y adjunto de Jordi Turull: "La visión de muchos diputados/as no es despreciable en la interpretación de los hechos. Más allá de las sensaciones personales que requieren y tienen todo el apoyo, la verdad es que la discrepancia política, por muy reiterada y manifiesta que sea, no es violencia, es democracia". Todavía sobre los parlamentarios que han hecho un tuit, está Maite Selva, alcaldesa de Begur, que ha destacado que "la diversidad de opiniones enriquece un proyecto político". En esta línea, ha apelado al "respeto de las mayorías", sean "compartidas o no": "La discrepancia política no se puede considerar nunca violencia institucional y/o machista".

 

En términos muy similares se ha manifestado Anna Feliu, alcaldesa de L'Albi: "En política, discrepar es lo que en la mayoría de casos te permite llegar a consensos o a decidir un posicionamiento a favor o en contra. Discrepar no es en ningún caso un ataque, ni un acto de violencia hacia nadie y hay que decirlo sin complejos: ¡se llama democracia!". También la diputada Irene Negre ha compartido un texto donde expresa: "La discrepancia política nunca puede ser considerada violencia institucional ni violencia machista; la discrepancia política genera debate y consensos, no violencias". Además del escrito, Negre ha acompañado la publicación con una imagen donde se lee una frase muy contundente: "Si alguna cosa se aprende en la vida es que la mentira siempre se pone en contra de quien la inventa". Y a su vez Francesc Ten ha hecho referencia a la declaración de la ONG proabortista de Andorra, que es la que causó esta tensión en Junts porque Madaula suscribió en nombre del partido y sin consultar con el resto del grupo el apoyo al texto, y más tarde el grupo parlamentario lo desautorizó. Ten ha precisado que la propuesta que les llegó de declaración institucional era "muy mejorable, tanto por el tono como por la forma". "Todo lo que ha venido después está claro que es otra cosa. Se tiene que poder debatir y discrepar", ha añadido.

Paralelamente, estas publicaciones han sido compartidas por otros parlamentarios de Junts, como Jeannine Abella, Judith Toronjo, Mercè Esteve, Quim Jubert, Ramon Tremosa o Glòria Freixa. Tanto Tremosa como Freixa forman parte de la ejecutiva. Todavía de este órgano de dirección del partido, ha dado 'me gusta' a alguno de estos tuits la exconsellera de Drets Socials, Violant Cervera. Otros que se han añadido son Jordi Martí Galbis, concejal del ayuntamiento de Barcelona; o el exconseller Miquel Buch.

Las tres denuncias a la Comisión de Garantías

Del caso Madaula, la Comisión de Garantías de Junts per Catalunya ha recibido tres denuncias. Una de ellas es de la misma Aurora Madaula, en la que hace traslado de lo que dijo el viernes durante el Parlament de les Dones. Una segunda es de la sectorial de Feminismos e Igualdad del partido, que lamenta que la secretaria segunda de la Mesa del Parlament hace "uso político" de las violencias. Y, de hecho, en esta línea también va la tercera, que alude al escrito que 22 diputados de Junts per Catalunya suscribieron para trasladar el malestar que les había ocasionado la intervención de Madaula. Ahora, la Comisión de Garantías otorga 10 días a la vicepresidenta de la formación para que indique a quién acusa y de qué lo hace.