Este miércoles han llegado al Parlament de Catalunya las notificaciones del Tribunal Constitucional referidas a la investidura de Carles Puigdemont. Después de que el alto tribunal suspendiera la semana pasada la candidatura del líder de JxCat, hoy ha hecho llegar a los miembros de la Mesa los avisos. Pero, según han explicado fuentes parlamentarias, tanto el vicepresidente de la cámara, Josep Costa, como el secretario primero, Eusebi Campdepadrós, ambos de JxCat, no han aceptado la notificación, en la que se les advierte de las "consecuencias penales" de desatender las decisiones del TC.
Las mismas fuentes han señalado que Costa y Campdepadrós han argumentado que no tenían ninguna intención de firmarla porque la consideran "nula y sin base legal", un "atentado contra la autonomía del Parlament" y una "coacción" contra la actividad parlamentaria. Ni han firmado la notificación ni han cogido la documentación que se les entregaba.
Los encargados de entregar las notificaciones del TC han sido funcionarios del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que sí las han entregado a los miembros de los otros grupos: Ciudadanos, ERC y el PSC.
El pasado enero, cuando el Tribunal Constitucional dictó medidas cautelares para impedir la investidura de Carles Puigdemont, sí recibieron el aviso del TC. No obstante, fue a manos de la Guardia Civil en su domicilio, porque los funcionarios del TSJC no los localizaron en la cámara. Entonces el grupo parlamentario impugnó el requerimiento.
La ley de Presidencia, en manos de la Junta
No será hasta este jueves por la mañana, justo antes del inicio del pleno, que el Parlament decidirá si mantiene en el orden del día el debate y votación sobre la reforma de la Ley de Presidencia, que busca introducir la investidura distancia dentro del ordenamiento. De esta manera ha respondido la Mesa este miércoles a la solicitud de Ciudadanos, que pedía la retirada.
Concretamente, su mantenimiento o retirada del punto del orden del día será debatido en una Junta de Portavoces previa al pleno, y después será la Mesa quien adoptará una decisión al respecto. Desde Ciudadanos han advertido que están dispuestos a ir hasta el Tribunal Constitucional si su petición de reconsideración era tumbada. En este sentido, consideran que la admisión a trámite de la impugnación del gobierno español contra la investidura de Carles Puigdemont es contraria al debate y votación de esta reforma.