La polémica de los tests defectuosos adquiridos por el Ministerio de Sanidad, dirigido por Salvador Illa, ha degenerado en un escándalo monumental, porque el número de unidades que se han tenido que retirar no para de crecer. Ahora ya son 650.000 los tests defectuosos que adquirió el ministerio, todos los que compró inicialmente, después de que el ministro dijo ayer que eran 9.000 y posteriormente esta mañana la Cadena Ser ha elevado la cifra a 50.000.

El mismo Illa es el que ha confirmado este mediodía que se tendrán que sustituir 659.000 tests que había adquirido, mientras reconocía que no presentan "el nivel de fiabilidad requerido". Todo indica que el escándalo es tan grande que el ministerio decidió ayer irlo filtrando por etapas.

En total sería toda una partida completa la que es defectuosa. El ministro no ha querido revelar quién era su proveedor, y se ha justificado diciendo que los tests eran chinos y tenían homologación europea.

Según una nota del ministerio, el defecto se localizó en 8.000 tests de esta partida que se habían enviado a la Comunidad de Madrid, y ha partir de aquí se ha tenido que desestimar toda la partida de 650.000 unidades. Ha añadido que del total, sólo habían recibido materialmente 85.000 tests. Según Sanidad, "el fabricante ha asumido la devolución y los reemplazará por un nuevo modelo de test".

Eso significa que España tendrá que esperar todavía para poder recibir y activar las pruebas rápidas de coronavirus, una acción imprescindible para poder dimensionar el alcance real de la expansión del Covid-19. Los tests son esenciales para evitar las muertes por coronavirus, tal como se ha visto en Alemania y en Israel, dado que aceleran el tratamiento.

Ante la situación creada, una de las decisiones que ha tomado el gobierno Sánchez es encargar al Ministerio de Hacienda el control y la gestión de las compras de material, en coordinación con Sanidad. Durante una comparecencia al lado de Illa, María Jesús Montero ha confirmado que está "colaborando" con el ministro de Sanidad.

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