El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dictaminado que la ley de amnistía no afecta ni a los intereses financieros ni a la lucha contra el terrorismo, por lo que avala la ley de amnistía y concluye que es compatible con el derecho europeo. El dictamen del tribunal europeo ha dado respuesta a las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas (TdC) en el caso de una treintena de ex altos cargos del Govern, como Artur Mas, Carles Puigdemont u Oriol Junqueras, por los gastos de Exteriores y del 1-O. Pero su resolución no tendrá efectos inmediatos sobre las principales causas pendientes del procés, tanto en lo que se refiere al futuro de los líderes políticos como de los doce CDR acusados de terrorismo. Tanto el Tribunal Constitucional (TC) como la Audiencia Nacional, que deben resolver las dos causas, respectivamente, han recordado este jueves que necesitan tiempo para estudiar la resolución antes de adoptar ninguna decisión, de manera que los casos más relevantes quedan aplazados. Los dos tribunales coinciden en que primero deben recibir oficialmente la sentencia de Luxemburgo, analizar su alcance jurídico y determinar cómo se debe aplicar a cada uno de los procedimientos abiertos. De hecho, el Constitucional ya había anunciado el pasado 12 de junio que no resolvería los recursos hasta el otoño.
No hay aplicación inmediata de la amnistía
La resolución del TJUE representa un importante aval jurídico a la ley de amnistía, ya que descarta que vulnere el derecho de la Unión Europea y considera que puede perseguir objetivos legítimos como favorecer la reconciliación y reducir las tensiones políticas e institucionales. A pesar de ello, los principales tribunales españoles dejan claro que la sentencia europea no comporta una aplicación automática de la norma. Tanto el Constitucional como la Audiencia Nacional han optado por analizar con detenimiento el pronunciamiento antes de resolver los casos que tienen sobre la mesa. Esto significa que, al menos durante las semanas que vienen, ni los recursos de los principales líderes del procés ni la causa contra los CDR experimentarán cambios inmediatos. Las decisiones que deben determinar la aplicación efectiva de la amnistía quedarán, previsiblemente, para la vuelta de las vacaciones de verano.
El Constitucional aplaza los recursos de los líderes del procés
El Tribunal Constitucional ha descartado resolver antes de las vacaciones de verano los recursos de amparo presentados por varios líderes independentistas a los que el Tribunal Supremo negó la aplicación de la ley de amnistía, especialmente por el delito de malversación. Fuentes jurídicas explican que faltan pocos días para el último pleno antes del parón estival, hay poco margen y "no hay tiempo material" para estudiar una resolución tan extensa y relevante como la del TJUE. Por este motivo, el tribunal prevé abordar la cuestión durante el otoño. El tribunal celebrará un pleno la semana que viene, pero descarta incluir en el orden del día esta cuestión.
La decisión afecta directamente a dirigentes como Oriol Junqueras, que mantiene vigente su inhabilitación, pero también a Carles Puigdemont, Toni Comín o Lluís Puig, entre otros afectados por los recursos pendientes. Por lo que, el regreso del president en el exilio deberá esperar unos meses. Fuentes cercanas al Tribunal Supremo, que es quien debe levantar la orden de detención que pesa sobre Puigdemont, también apuntan que estudiarán la sentencia europea, pero admiten que esperarán a conocer antes el criterio del Constitucional.
Los CDR también deberán esperar
La misma prudencia ha expresado la Audiencia Nacional respecto a la causa de la llamada operación Judas contra doce miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR). Aunque la sentencia del TJUE considera que la ley de amnistía es compatible con el derecho europeo y rechaza que la normativa comunitaria sobre terrorismo impida aplicarla en estos casos, el tribunal ha dejado claro que no archivará el procedimiento de manera automática.
La decisión de la Audiencia Nacional contrasta con las exigencias de los afectados por la causa. Después de conocerse la sentencia del TJUE, Alerta Solidaria ha reclamado al tribunal que archive "de forma inmediata" el procedimiento de la operación Judas y le ha pedido que no impulse ningún tipo de "maniobra dilatoria". Según la organización antirrepresiva, después del pronunciamiento de Luxemburgo ya no hay margen jurídico para mantener abiertas las actuaciones contra los doce miembros de los CDR investigados.
La Audiencia Nacional planteó hasta nueve cuestiones prejudiciales al TJUE sobre la interpretación de la ley de amnistía. Entre ellas, preguntaba si la normativa europea permite distinguir entre actas terroristas que hayan causado o no "graves violaciones de los derechos humanos", al entender que la ley española no concreta bastante este concepto y podría vulnerar el principio de seguridad jurídica.
A pesar del pronunciamiento favorable del tribunal europeo, fuentes jurídicas insisten en que el archivo de la causa no será automático. Explican que el procedimiento requiere varios trámites: primero, la Audiencia Nacional tiene que recibir oficialmente la sentencia del TJUE; después, los magistrados tienen que analizar el contenido y, finalmente, dictar la resolución correspondiente. La proximidad de las vacaciones de verano hace prever que esta decisión no llegue hasta después de las vacaciones judiciales.