El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avisado de que la ley contra la compra especulativa de vivienda vulnera derechos, entre ellos el de la propiedad privada, el de la herencia y el de la libertad de empresa. Según el dictamen conocido este martes —que no es vinculante y que cuenta con el apoyo unánime de los miembros del CGE—, la proposición de ley registrada por los Comuns y pactada con el Govern del PSC atenta contra varios artículos del Estatut y de la Constitución. Además, considera que la tramitación por lectura única no permite la participación de entes de representación local, entre otras cuestiones. El dictamen fue solicitado en julio tanto por Junts como por el PP, hecho que frenó su tramitación en el Parlament.
En cuanto a la lectura única, el órgano consultivo señala que contraviene el artículo 138 del Reglamento del Parlament, que regula este tipo de procedimientos exprés; y el artículo 23.2 de la Constitución, relativo al derecho de la ciudadanía a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Así, recuerda que la doctrina establecida por el mismo CGE establece que hay que cumplir con los requisitos de "naturaleza" y "simplicidad" para optar a este procedimiento legislativo, motivo por el cual se recomienda reformar el Reglamento en este sentido. También indica, como decíamos, que el hecho de que el Consell de Governs Locals y entidades municipalistas no hayan podido participar en la elaboración de la proposición de ley vulnera el artículo 85 del Estatut.
Invasión de competencias y derecho a la propiedad privada
Por otra parte, el dictamen censura el primer artículo de la proposición de ley y todos sus preceptos en tanto que vulnera las competencias del Estado en materia de bases de las obligaciones contractuales. Concretamente, considera que no respeta el artículo 129 del Estatut y contraviene el 149.1.8 de la Constitución, relativo a las bases de obligaciones contractuales. Asimismo, afecta "la regla básica de la autonomía de la voluntad y la libertad de pactos". Por otra parte, cree que los límites a la propiedad previstos en la iniciativa vulneran el derecho a la propiedad privada y a la herencia, contemplados en el artículo 33 de la Constitución. Según el dictamen, se prevé "un vaciamiento de la utilidad individual de la propiedad" y "una carga individual excesiva o desproporcionada".
El CGE también advierte de que el texto es contrario al artículo 38 de la Constitución, ya que impone "un sacrificio absoluto de la libertad de empresa de todas las personas físicas que quieran operar en el sector de la vivienda" y es una "injerencia excesiva" en lo que se refiere a lo que pueden hacer las personas jurídicas. A la proposición de ley, asimismo, le falta "certeza y previsibilidad", lo que contravendría el artículo 9.3 de la Constitución, el principio de seguridad jurídica.
Junts celebra el dictamen
La diputada de Junts Judith Toronjo ha celebrado el dictamen en un hilo de Twitter, en el que resume que "concluye que vulnera el derecho a la propiedad, la herencia, la libertad de empresa, la seguridad jurídica, y cuestiona las competencias, la tramitación y la exclusión del mundo local". La diputada ha apuntado que se trata de una "ley tramitada por lectura única sin el debate y las comparecencias que una ley de este alcance requiere", añadiendo que todo ello se ha hecho "al dictado de los Comuns y el gobierno catalán, con políticas que no hacen avanzar en la principal preocupación de los catalanes: la vivienda".
Toronjo ha señalado que "el dictamen es especialmente claro sobre la propiedad y la herencia", ya que "la ley limita la facultad de adquirir y disponer de una vivienda hasta el punto de vulnerar estos derechos y puede afectar también a las transmisiones por herencia". "Una injerencia directa sobre qué podemos hacer con nuestra vivienda", ha añadido. Además, ha criticado que "se ha legislado de espaldas a los ayuntamientos", insistiendo en el hecho de que, si bien "son los municipios los que deberían desplegar estas limitaciones a través del planteamiento y las ordenanzas", la realidad es que "no han sido escuchados". "Desde Junts queremos abordar la crisis de la vivienda aumentando el parque público y privado, combatiendo los fondos buitre y dejando de castigar al pequeño propietario. Y con medidas fiscales que alivien los bolsillos de las clases medias y trabajadoras. No más inseguridad jurídica. Más vivienda y más soluciones", ha concluido.
El CGE tomba els pilars de la llei que vol limitar la compra d’habitatges en zones de mercat tensionat.
— Judith Toronjo Nofuentes🎗️ (@judithtoronjo) August 4, 2026
El dictamen sol·licitat per @JuntsParlament conclou que vulnera el dret a la propietat, l’herència, la llibertat d’empresa, la seguretat jurídica, i qüestiona les competències,…