La enmienda transaccional entre ERC, el PSOE y Unidas Podemos ha visto este jueves la luz verde. El objetivo era blindar la inmersión lingüística en la nueva ley de Educación, que inicialmente establecía el castellano como lengua vehicular. Reunida esta tarde a puerta cerrada, la ponencia del proyecto de ley la ha aprobado. Se ha incorporado al dictamen que se elevará al pleno. Evidentemente ha despertado el rechazo del PP, Vox y Ciudadanos, pero sorprendentemente también de JxCat, que la ve demasiado floja. Incluso en aquellos temas que más los tendrían que unir, las fuerzas independentistas han vuelto a hacer público su encontronazo.
La ley de la ministra Isabel Celaá, que quiere sustituir la Ley Wert, abría la puerta a la vehicularidad del castellano en Catalunya. El texto original, salido del Consejo de Ministros, establecía que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios". Y añadía: "El castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".
La enmienda de ERC, aprobada hoy, tiene como objetivo "blindar" el sistema de inmersión catalán. Se elimina la referencia a las lenguas vehiculares. Y el redactado queda de la siguiente manera: "Las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con la Constitución española, los Estatutos de autonomía y la normativa aplicable". Se ha aprobado por 20 votos a favor, 16 en contra y una abstención.
Pero lejos de unir al independentismo, lo ha vuelto a dividir públicamente. Desde JxCat, que presentaron sus propias enmiendas, responden que la enmienda de ERC hace "todo menos blindar" el catalán como lengua vehicular y sólo "suaviza" la Ley Wert. Piensan que se tendría que suprimir todo el primer apartado de la disposición adicional 38, que lo regula, para no dejar abierta la puerta a futuros gobiernos españoles a intervenir con normativa adicional. Consideran que al hablar de "administraciones educativas" se abre la puerta a que el Estado imponga porcentajes de castellano.
Los republicanos respondieron acusando al grupo de Laura Borràs de difundir "falsedades". JxCat no ha votado porque, dentro del reparto del Grupo Plural, la comisión de Educación recayó a Més País.
Por su parte, el PNV había presentado otra en el mismo sentido, pero que según ellos iba "más allá". Su texto decía: "El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en comunidades autónomas que no tengan lengua cooficial; en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, la lengua vehicular será la que determine en sus respectivos estatutos o normativa". Los jeltzales se han abstenido a la enmienda de ERC.
La derecha, a los tribunales
Tan solo hacerse público el acuerdo entre el Gobierno y ERC para blindar la inmersión, la derecha saltó de inmediato. El líder del PP, Pablo Casado, avisó de que "recurrirán al Tribunal Constitucional la Ley Celaá si el gobierno y sus socios nacionalistas excluyen el castellano como lengua vehicular y liquidan la libertad educativa contra la concertada". Lo mismo han planteado Vox, que ha hablado de una "ofensiva contra la unidad nacional", y Ciudadanos, que apela a "la libertad de los padres de educar a los niños en la lengua que deseen".
Las concertadas no podrán segregar
A través de otra enmienda transaccional, ERC, PSOE y Unides Podem han cerrado un acuerdo para que las escuelas concertadas no puedan segregar a los alumnos por sexo. El acuerdo, avanzado por la ACN, establece que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación a todas las etapas educativas" de acuerdo a la Ley de Igualdad del 2007, y "no separarán al alumnado por su género".