Govern y los Comuns han llegado a un acuerdo definitivo por los presupuestos del 2026 y Salvador Illa y Jéssica Albiach firmarán públicamente el pacto esta misma mañana en el Palau de la Generalitat. El apoyo de los Comuns a las cuentas de la Generalitat se ha culminado después de que hayan llegado a un acuerdo para modificar la ley de urbanismo con el objetivo de prohibir la compra especulativa de vivienda. El pacto permitía desbloquear las negociaciones de los presupuestos, dado que la prohibición de las compras especulativas de vivienda era una condición sine qua non de los Comuns. Según ha avanzado la cadena SER, el texto normativo especifica la limitación para los “grandes tenedores” en la adquisición de viviendas en “zonas de mercado residencial tenso”, que en Catalunya son 271 municipios donde vive más del 90% de la población. El entendimiento entre el ejecutivo de Salvador Illa y el partido de Jéssica Albiach establece que, en las zonas tensionadas, solo se podrán comprar pisos si se destinan a vivienda habitual, cosa que permitirá al resto de propietarios adquirir pisos y ponerlos para alquilar si se respeta el tope de precios fijado en zonas de mercado tenso, reguladas a partir de la ley de vivienda. La Generalitat será el primer gobierno autonómico que aborda este cambio normativo en el Estado.
Con este acuerdo sobre la compra especulativa, se cumplen las cinco medidas principales en materia de vivienda, educación, transporte y sanidad que los Comuns exigieron para negociar los presupuestos, después de que el martes se cerrara crear 100.000 nuevas becas comedor los próximos dos cursos, y el miércoles se acordara añadir 106 millones más a las ayudas al alquiler con la intención de llegar a 50.000 familias más, pasando de los 200 millones de euros actuales a 300 millones este 2026. En el marco de las negociaciones por los presupuestos, también se acordó ayer un cheque menstrual —de 25 euros anuales para personas menstruantes de entre 12 y 25 años— y de preservativos --para jóvenes de entre 16 y 25 años, también de 25 euros-- que tendrá un coste anual de 25 millones de euros.
Las condiciones del pacto de la compra especulativa
Se considera gran tenedor a los propietarios con cinco inmuebles en una misma área tensionada. Los negociadores del Govern y los Comuns, que han discrepado en las últimas semanas sobre el redactado final de la proposición de ley, prevén, sin embargo, algunas excepciones importantes para los grandes tenedores: que el piso sea para un familiar directo, para segunda residencia en un municipio diferente al habitual o para alquiler siempre que se respeten los topes establecidos. La propuesta prevé que la reforma se tramite en el Parlamento por el procedimiento de lectura única, hecho que agilizaría la aprobación, acortaría los plazos y estaría vigente antes de agosto.
Paralelamente, el Govern continúa trabajando para ligar también un acuerdo presupuestario con ERC, puesto que el apoyo de los Comuns no sería suficiente para salir adelante las cuentas. En este contexto, este miércoles el gobierno español aceptó finalmente poner en marcha el consorcio que los republicanos exigen para fiscalizar la inversión en Catalunya, una condición que ERC sitúa como clave para continuar negociando el presupuesto.
La vivienda, "una misión de país"
Este martes, en su primera entrevista después de reincorporarse de la baja, Salvador Illa ya apuntó que el Govern quiere poner fin a la compra especulativa de vivienda con medidas “viables” y siempre dentro del marco legal vigente. El presidente de la Generalitat defendió que la situación se tiene que afrontar como una “misión de país” y aseguró que al ejecutivo no le “temblarán las piernas” a la hora de tomar decisiones para “preservar el derecho de acceso a la vivienda”. En esta línea, Isla remarcó que la propiedad privada también tiene una función social y que, por lo tanto, hay que actuar con medidas que vayan en este sentido.