La Comisión de Educación del Congreso de los Diputados ha aprobado este viernes el dictamen de la ponencia de la reforma de la ley de Educación que sustituirá la LOMCE y que incluye la enmienda pactada entre PSOE, Podemos y ERC para eliminar de la ley la referencia del castellano como lengua vehicular a la escuela a Catalunya. La llamada 'Ley Celaá' pasa ya a su última fase, la discusión en pleno, e incorpora también el acuerdo entre las mismas formaciones para que las escuelas concertadas no puedan segregar por sexo.
El dictamen se ha aprobado en el marco de una dura discusión donde PP, Cs y Vox han criticado una "ley ideologizada" que es "inconstitucional" y que está pensada para "adoctrinar".
Cs ha situado esta cuestión como "línea naranja" para poder dar apoyo a los presupuestos de Sánchez y ha presentado una enmienda -rechazada por la mayoría- que pedía blindar un 25% de clases en castellano.
La diputada de Cs Marta Martín Laguno ha afirmado que esta "no es la ley Celaá", sino la "ley Iglesias-Rufián-Sánchez" hecha únicamente para "contentar a los socios" del Gobierno.
La diputada de Más País Inés Sabanés ha acusado los grupos de la derecha de pretender un "regreso al pasado" abriendo de nuevo una "guerra de lenguas".
La diputada de ERC Montserrat Bassa ha defendido la reforma de la ley que "incrementa significativamente" la competencia de la Generalitat a la hora de desarrollar el currículum, aunque ha apuntado que todavía es "insuficiente". "Esperamos que la escuela catalana sea consciente de que el modelo de progreso sólo es posible desde la independencia".
Podemos también ha dado apoyo a la reforma que "cumple el compromiso de derogar la LOMCE" y su modelo "elitista y segregador".
El diputado de Vox Joaquín Robles ha asegurado que la igualdad de oportunidades en Catalunya pasa por impartir clases en castellano en Catalunya y "no imponer el catalán". Ha acusado al PSOE de haber "traicionado" a las clases desfavorecidas y de avalar el intento del independentismo de "construir una patria en base de criterios étnico-lingüísticos" que "es lo más parecido al racismo".
El PP ya ha anunciado que iniciará una campaña de recogida de firmas contra la futura Llei Celaá y ha adelantado que interpondrá un recurso al Tribunal Constitucional. El diputado del PP Jose Angel Alonso ha acusado al gobierno de Pedro Sánchez de negociar la lengua en la escuela a cambio de los votos de los independentistas a los presupuestos generales del Estado. "Este es un gobierno de trileros y el PSOE ha despojado al estado de sus competencias en materia educativa", ha afirmado.
El diputado del PSOE Guillermo Antonio Meijón ha defendido el acuerdo y ha acusado al PP de pretender atizar una guerra lingüística en el Estado, cuando el objetivo de la ley es que los alumnos alcancen las mismas competencias en castellano y catalán al final del ciclo educativo, "ni más ni menos".
Enmienda de ERC
La enmienda incluida en la ponencia que se ha aprobado este viernes es fruto del acuerdo entre ERC, el PSOE y Podemos establece literalmente que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos y las alumnas a recibir las enseñanzas en castellano y en el resto de lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, con conformidad con la Constitución Española, los Estatutos de Autonomía y la normativa aplicable". Elimina la parte del texto que decía que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares".
La enmienda sustituye el texto que el gobierno de Pedro Sánchez aprobó en el proyecto de Ley que establecía que "las administraciones educativas garantizarán el derecho de los alumnos a recibir enseñanzas en castellano, lengua oficial del Estado, y en las demás lenguas cooficiales en sus respectivos territorios", y que "el castellano y las lenguas cooficiales tienen la consideración de lenguas vehiculares, de acuerdo con la normativa aplicable".
ERC asegura que de esta manera "blinda" la inmersión lingüística y establece que se respetará lo que marca la Ley de Educación de Catalunya que "deja claro que la lengua vehicular es el catalán", en palabras de la diputada de ERC Montserrat Bassa.
El Ministerio de Educación asegura que el objetivo del acuerdo es que la ley Celaá haga un reconocimiento efectivo del plurilingüismo y supere "la actitud obsesiva de la derecha" de convertir la lengua en "un conflicto". En este sentido apuntan que la ley en todo momento garantizará que los alumnos catalanes tengan competencia lingüística en castellano y establecerá medidas para compensar cualquier descompensación en los conocimientos.
Aunque no tienen presencia en la ponencia -tiene silla Más País, con quien comparten el Grupo Plural- JxCat y PDeCat han criticado en los últimos días el acuerdo de los republicanos. El diputado del PDeCat Sergi Miquel afirmó que la enmienda "no protege" la inmersión lingüística porque permite el hecho que haga referencia a las "administraciones educativas" y no directamente a las "comunidades" hace que el Ministerio de Educación tenga potestad como administración de dictar un porcentaje de clases que hay que hacer en castellano en las escuelas catalanas.
Las concertadas no podrán segregar por sexo
La ponencia también ha dado luz verde a otro acuerdo entre PSOE, Podem y ERC para que las escuelas concertadas no puedan segregar niños por sexo. La enmienda establece que "los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos desarrollarán el principio de coeducación en todas las etapas educativas" de acuerdo a la Ley de Igualdad del 2007, y "no separarán al alumnado por su género".