La regularización de migrantes extraordinaria que se hizo en el Estado esta pasada primavera sigue trayendo cola. Según informa Junts per Catalunya, la Comisión Europea ha abierto un expediente sobre esta regularización a raíz de una queja del partido. Concretamente, la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior estudiará si se hizo respetando las normas europeas. Tres meses después de recibir la queja de Junts, la Comisión ha comunicado que este escrito se ha registrado como una reclamación. Esto quiere decir que se examinará según la legislación europea y que trasladarán a Junts sus conclusiones.
La queja que presentó Junts ante la Comisión Europea no gira en torno a la regularización en sí, sino en la manera en que esta se hizo: "Junts no cuestiona que España pueda regularizar. La queja lo reconoce y deja esta decisión en manos del Estado. Lo que denuncia es cómo lo ha hecho el Gobierno", explica el partido, que centra su reclamación en cuatro puntos. Así, remarcan que el Gobierno de Pedro Sánchez no avisó a las instituciones europeas de su intención de regularizar inmigrantes que ya vivían en el Estado; la anulación de las expulsiones en bloque; el asilo como "atajo", subrayando que con el real decreto, los migrantes que pidieron asilo obtienen un permiso ordinario si retiran la solicitud, "sin que nadie haya comprobado si necesitaban protección". El último punto de la queja de Junts gira en torno a la lengua. Cuando se anunció la regularización, el partido de Carles Puigdemont insistió mucho en esta cuestión que, finalmente, no quedaba recogida en el texto, a pesar de que desde el Govern defendían que sería imprescindible demostrar un nivel de catalán para renovar los papeles.
Plazo de un año
En la queja, Junts pedía a la Comisión que preguntara al Estado si notificó la regularización a los países de la Unión. Sí, con la apertura del expediente, la institución europea traslada esta cuestión, el Gobierno de Pedro Sánchez deberá rendir cuentas ante Bruselas. La de Junts no es la primera queja que se traslada al corazón de Europa. Ya lo hicieron PP y Vox a principios de año, pero entonces la Comisión resolvió que este tipo de políticas son competencia de cada Estado miembro: "España tiene la competencia sobre cómo reaccionar y abordar la actuación legal de la migración", trasladó a finales de enero, después de que se anunciara la medida, el comisario europeo de Migraciones. En un comunicado, Junts insiste en que esta política aprobada por el Ejecutivo de Sánchez es solo un "parche". "El Gobierno continúa sin ordenar la gestión de las llegadas y la tramitación de asilo y no tiene ningún plan para integrar a las personas que ya viven aquí", lamentan.
Tras abrir el expediente, la Comisión hará una valoración en un plazo de dos meses. En un año, deberá decidir si pide más explicaciones al Estado o si, por el contrario, archiva la queja.