El major de los Mossos, Josep Lluís Trapero, irá por cuarta vez a la Audiencia Nacional el próximo 16 de abril, ahora ya como procesado por sedición y organización criminal.
Carmen Lamela tiene muy claro que los Mossos d'Esquadra ayudaron a sacar adelante el referéndum con su inacción. No hicieron nada para pararlo, reitera en cada uno de los autos. Y en el último, además, desvela una nueva prueba, la definitiva, para demostrar que los Mossos d'Esquadra ni colaboraron con las fuerzas de seguridad del Estado ni tenían ninguna intención de impedir la votación del 1 de octubre. Es "la clave 21", un canal alternativo para comunicarse entre las diferentes dotaciones policiales el día del referéndum que no pasaba por ninguna sala de control y que, por lo tanto, no quedó ninguna conversación ni ninguna orden registrada.
La Guardia Civil ha requisado diferentes comunicaciones de los Mossos d'Esquadra de aquel día con entradas en diferentes comisarías y en la sede del 112 de Reus, donde hay, también, una de las salas operativas de los Mossos.
Según Lamela, "del contenido de las comunicaciones se desprende la falta de colaboración con los otros cuerpos policiales, ya que se ordena que no actúen, que no hagan nada, que se mantengan al margen, que no intervengan y que sólo observen e informen y se sitúen en posición segura".
El auto de procesamiento de la cúpula del cuerpo de los Mossos dice que "se ha descubierto la utilización de un código propio —"clave 21"— que consistía en la utilización de un canal alternativo —disponiendo cada dotación de un número de contacto al cual dirigirse para emitir informaciones o incidencias que no tenían que transmitir por la emisora corporativa, para eso se usaron tanto móviles particulares como corporativos"—. O sea, que las patrullas de Mossos que estaban en los colegios se comunicaban con sus superiores vía teléfono móvil particular o corporativo, sin pasar por la emisora, esquivando así la grabación desde la sala de control.
La jueza, Carmen Lamela, dice que también ha constatado "las vigilancias de las cuales fueron objeto policías y guardias civiles, incluso a los que iban de paisano". Y asegura que "no se trata simplemente de informar de la actuación de los agentes, sino que se trataba de una auténtica vigilancia, siguiendo sus desplazamientos. Incluso desde la Sala se ordenaba a todas las patrullas que cesaran en sus comunicados para dar prioridad a la transmisión de información sobre estos extremos". De hecho, según el auto de procesamiento, se produjeron más de doscientos comunicados en este sentido durante el transcurso de la jornada.
Finalmente, subraya Lamela, las comunicaciones muestran que "los indicativos de los Mosssos se limitaron a requisar las urnas o bien cuando se las entregaban voluntariamente los responsables de cada centro o una vez acabada la votación y realizado el recuento o cuando era abandonadas en la calle después contar los votos". Incluso, apunta, "las dotaciones, con las connivencias de los mandos, pactaban con los responsables de los puntos electorales la entrega de las urnas, de forma voluntaria, una vez realizado el recuento".
Las fotografías y los vídeos incorporados en el procedimiento ponen de manifiesto, según Lamela, "la actitud de pasividad" de los Mossos en las escuelas el 1 de octubre e incluso su complicidad con los componentes de las mesas y personas que con su presencia trataban de garantizar la celebración de las votaciones, "llegando incluso a actuar contra los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil".
La jueza también recoge la declaración de Diego Pérez dels Cobos en la que ha señalado que su impresión era que el operativo diseñado era el complemento perfecto para no cumplir con la sentencia del TSJC, ya que las pautas partían de que si se daban determinadas condiciones —si había mucha gente, si había menores o personas mayores o si eran pacíficos— no se haría uso de la fuerza, de manera que se estaba configurando el escenario que, de producirse, imposibilitaría la actuación de los Mossos y su justificación, escenario que se cumplió la mañana del día 1, de manera que "tenían la excusa perfecta para no actuar". Josep Lluís Trapero siempre argumentó en sus declaraciones que se priorizó la proporcionalidad, como establece la ley y la misma orden judicial de la magistrada del TSJC Mercedes Armas, que es quien dio las instrucciones a las policías de cómo actuar para evitar el referéndum. Armas pidió proporcionalidad, rebajando las expectativas y demandas de la fiscalía que pidió detener el referéndum fuera como fuera.
En el auto de Carmen Lamela, la jueza de la Audiencia Nacional, también incorpora el relato de un testigo protegido que señaló que se les dio la orden genérica a todos los equipos para informar de los movimientos de Guardia Civil y Policía, así como la actitud de los Mossos a la llegada de los agentes de la Benemérita en los colegios electorales de "total pasividad, incluso al ser agredidos los guardias por la gente congregada y de total alejamiento respecto de los guardias civiles, sin hacer caso a sus peticiones de colaboración". También se refiere a las indicaciones que se dieron en los briefings en que se prohibió un gran número de acciones, entre ellas entrar a la fuerza o que no hicieran uso de la porra, de manera que muchos agentes optaron por no llevarla.
Lamela también tiene en cuenta el análisis de la documentación intervenida en el centro de reciclaje de Sant Adrià el 26 de octubre en el interior de tres vehículos de los Mossos con 36 cajas con abundante documentación para su destrucción y que ponen de manifiesto que desde la dirección de los Mosssos "se tenía perfecto conocimiento de los riesgos y movilizaciones previstas para el día 1 de octubre, por lo tanto, de las medidas que era necesario adoptar, totalmente diferentes de las que finalmente fueron adoptadas".
