Cuatro independentistas han sido citados a declarar este martes a los juzgados de Reus por una de las movilizaciones contra la sentencia del procés que acabó con disturbios y cargas delante la comisaría de la Policía Nacional de Reus el 16 de octubre pasado. Se los investiga por los delitos de desobediencia y desórdenes públicos.
De los cuatro jóvenes, sólo uno de ellos, el concejal de la CUP Èdgar Fernández, se ha negado a declarar. La Generalitat es acusación particular. Una cincuentena de personas se han concentrado ante los juzgados para darles apoyo y exigir el archivamiento de las causas, hasta cinco en relación al otoño de 2019, con más de una veintena de encausados. Su abogado da por hecho que no tendrán recorrido porque no tienen peso penal.
Dos juzgados de Reus han abierto hasta cinco causas por protestas postsentencia -y una sexta en relación al corte de la Jonquera- con una cuarentena de personas investigadas, de las cuales una veintena están encausadas.
El concejal de la CUP Èdgar Fernández ha sido citado en cuatro de las causas y en todas se ha negado a declarar ante el juez. Cree que todas forman parte de un "relato" a base de expedientes policiales, "servido en bandeja" a Fiscalia para que genere "casos represivos" contra personas que están "fichadas" como militantes políticos. "La represión, sin embargo, no funciona, sino que nos está fortaleciendo", ha reprochado.
Los otros tres encausados
Los otros tres encausados sí que han entrado a declarar, si bien sólo han respondido a preguntas de su abogado. A su salida los esperaban una cincuentena de personas que los han recibido con aplausos y con gritos de "No es delito, es solidaridad", eslogan de la campaña presentada hace pocos días, por parte de la CUP en la capital del Baix Camp, a ráiz de todas estas citaciones judiciales por los disturbios postsentencia. También se podía leer algún cartel crítico contra la Generalitat, ya que es la única causa en la cual se ha presentado como acusación particular y la última que faltaba para citar a implicados.
"Eso, desde la lógica del derecho penal es irresponsable y desproporcionado, no tienen el peso penal suficiente para salir adelante y sólo podemos optar, una vez acaben las diligencias de instrucción -faltan declaraciones de mossos en noviembre-, para pedir el archivo de las causas porque no tienen ninguna validez", ha declarado el abogado defensor Carles Perdiguero, colaborador de Alerta Solidària.
Por su parte, el diputado de la CUP Carles Riera, que también ha querido dar apoyo a los encausados de Reus, los ha alabado como "un ejemplo a seguir" y ha advertido al Departamento de Interior, en el cual reprocha ser "parte activa en esta represión", que el otoño del 2019 sólo fue un "ensayo general" de todo lo que tiene que llegar para la autodeterminación y que será lo antes posible.