Lo pudieron hacer una vez, el año pasado, aunque a un coste institucional bastante alto. Pero no lo han podido hacer una segunda vez. Esta semana, Felipe VI volvía a Barcelona para la entrega de despachos a la nueva promoción de la Escuela Judicial. Después del veto de La Moncloa, volvió por la puerta grande, con todos los honores, entre vivas al rey y a España, con el presidente caducado del CGPJ al frente. "La justicia se administra en nombre de quien simboliza la unidad y permanencia de nuestro Estado, conjugándose así en la fórmula constitucional, armónicamente, las ideas de soberanía y unidad de nuestra nación," proclamaba el interino Carlos Lesmes. Esta es su divisa: toga, patria y Rey. Y parece que no será fácil revertirlo.

También esta semana se cumplen tres años desde que caducó el mandato de la actual cúpula del Consejo General del Poder Judicial. Su renovación sigue bloqueada, en manos del Partido Popular, que bajo pretextos que van mutando mantiene secuestrado el órgano de gobierno a los jueces, como ya ha hecho en situaciones análogas en el pasado. Ya les va bien y no tienen ningún incentivo para moverse. En estos momentos, la mayoría les es favorable, tal como la dejó el gobierno Rajoy en 2013. Doce vocales conservadores (todos a propuesta de los populares) contra nueve progresistas (siete del PSOE, uno de Izquierda Unida y uno del PNV). La renovación, ni está ni se la espera. La operación frustrada para intentar colar Manuel Marchena "por la puerta de detrás" para "controlar la sala segunda" ya demostró cuál era la premisa.

La reciente renovación del tercio caducado del Tribunal Constitucional también ha servido para mostrar la contrapartida de negociar con el PP: tragarse grandes sapos. Las propuestas del Gobierno --Inmaculada Montalbán y Juan Ramón Sáez Valcárcel-- eran dos magistrados de reconocido prestigio en sus ámbitos de especialización. Los dos nombres propuestos por los populares (más representación que su peso), en cambio, una trampa. Por una parte, Concepción Espejel, conocida en algunos círculos como Cospejel por su amistad con Maria Dolores de Cospedal y su proximidad al PP. Tanto que fue apartada del juicio de la Gürtel en la Audiencia Nacional. Por otra parte, Enrique Arnaldo, colaborador habitual de la FAES de Aznar e involucrado en varios escándalos de corrupción del PP. Una renovación que dejó intacta la mayoría conservadora del TC. Los dos han sido recusados por Oriol Junqueras, Dolors Bassa y Raül Romeva. No en balde, tendrán que hacer frente a todos los recursos pendientes del 1-O.

Como la del CGPJ, la mayoría del Tribunal Constitucional sigue intacta. Ahora el terreno de juego está más enfangado. De hecho, por delante está la renovación de otro tercio del TC, que verá caducado su mandato el próximo mes de junio. Esta renovación será clave para hacer bascular la mayoría del alto tribunal. Son cuatro magistrados nuevos y en estos momentos la composición es de siete conservadores y cinco progresistas. Y tendrían que salir tres conservadores y un progresista. El problema es que dos los escogerá el Gobierno y los otros dos serán nombrados por el CGPJ. Sin embargo, si sigue estando en funciones, el órgano de gobierno de los jueces no podrá proceder al relevo.

En el Tribunal Supremo, el trabajo sucio ya está hecho y será todavía más complicado revertirlo. A pesar de estar en funciones durante los últimos tres años, eso no ha sido obstáculo para que el CGPJ renovara, por mandatos de cinco años, todas las presidencias de sala del alto tribunal. También la revalidación de Manuel Marchena al frente de la poderosa sala de lo penal. De la misma manera se han cubierto las plazas vacantes por jubilación en esta sala, unas plazas que son vitalicias. En estos momentos la composición es de trece magistrados conservadores por tres magistrados progresistas. Es una batalla perdida durante, como mínimo, un par de legislaturas enteras más.

Todo el control de la alta judicatura española sigue en manos de las personas que consiguió colocar el PP. Pero el panorama judicial ha mutado como también lo ha hecho el político: los nombres los propusieron los populares pero las posiciones de la magistratura se decantan cada vez más hacia la extrema derecha de Vox. Lo demuestran las últimas sentencias del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma, que han hecho que algún magistrado progresista, como el catalán Juan Antonio Xiol, denunciara una "deriva" del tribunal.

Las mayorías son las que están en el Consejo General del Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional y en el Tribunal Supremo en unos meses que la justicia española tendrá entre sus manos patatas calientes. Empezando por casos de corrupción del PP. Pero también causas que afectan al independentismo, desde los recursos de los presos contra la sentencia del 1-O hasta los recursos de la triple derecha contra los indultos. Hay daños que no revertirán ni una muy hipotética renovación del CGPJ.