El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha reclamado este lunes al Gobierno un plan específico para recuperar la normalidad en la ciudad después de la entrada masiva del 30 de julio, así como la creación de un mando único estatal que coordine todas las actuaciones. Después de reunirse con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, Vivas ha situado entre las prioridades retirar de las calles a las personas que continúan sin alojamiento y tramitar la expulsión de quienes participaron en la entrada y todavía están en Ceuta. El presidente ceutí considera “inasumible”, “insostenible” e “inaceptable” que miles de personas continúen en la calle con necesidades básicas sin cubrir.
Entre las medidas planteadas, Vivas ha pedido habilitar de manera urgente un espacio que funcione como Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) mientras se resuelven los expedientes de expulsión, y reforzar los recursos de Extranjería, Justicia, Fiscalía y Policía. También reclama más efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, mantener la presencia militar en las calles y en infraestructuras estratégicas hasta que se recupere la normalidad y reforzar la atención sanitaria. Asimismo, ha exigido al Gobierno un mensaje “inequívoco” sobre la seguridad de la frontera y la garantía de la integridad territorial de Ceuta para evitar que se repita una situación como la de finales de julio.
El Gobierno apuesta por reunir a los menores con sus familias
Una parte central de la crisis es la situación de los menores migrantes no acompañados. Vivas ha cifrado en unos 1.300 los que atiende actualmente la ciudad y ha recordado que, durante la semana anterior a la entrada masiva, el número de tutelados ya había pasado de unos 180 a cerca de 800. El presidente de Ceuta defiende que se debe seguir garantizando el interés superior del menor y cumpliendo la legislación, pero reclama una respuesta específica ante el aumento extraordinario de llegadas y que se destinen "todos los esfuerzos" a la reunificación familiar, incluso con cambios legislativos si fueran necesarios para agilizar los procedimientos.
Torres ha coincidido en situar la reunificación familiar como una de las vías prioritarias. Según el ministro, hasta el domingo se habían podido filiar alrededor de 1.400 menores, aunque ha evitado dar una cifra definitiva porque el proceso de identificación continúa. "Es imposible que una comunidad autónoma pueda responder sola", ha afirmado, después de constatar la presencia de menores en las calles, una situación que considera "no aceptable". El Gobierno central ha reforzado un 50% el personal de la Delegación del Govern el Gobierno destinado a estos trámites y estudia tanto la reunificación con familiares en el país de origen o en otros puntos de España como fórmulas de acogida y el traslado a otras comunidades. Torres ha recordado que el sistema de reubicación ya ha permitido trasladar a más de 2.000 menores procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias, unos 1.700 de ellos de Ceuta.
PP y Vox coinciden en la repatriación, pero chocan en la estrategia
El PP ha confirmado que participará en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia convocada para abordar la situación de los menores, a diferencia de los vicepresidentes autonómicos de Vox. El vicesecretario de Política Autonómica de los populares, Elías Bendodo, ha defendido que "es bueno escuchar aunque estemos totalmente en contra de las propuestas del Gobierno" y ha insistido en que su partido cumplirá la ley. Bendodo considera que el Ejecutivo debe negociar con Marruecos para que los menores "vuelvan con sus familias" y ha cargado contra Pedro Sánchez por no estar, según él, "al frente de la crisis que continúa activa en Ceuta". También ha remarcado las distancias con Vox: "PP y Vox son dos partidos diferentes".
Vox, por su parte, presiona al PP para que bloquee el reparto de los menores en la Península y dé apoyo a llevar al Congreso una acusación contra el Gobierno por un posible delito de traición o contra la seguridad del Estado a raíz de la entrada masiva. La formación de Santiago Abascal califica los hechos de “invasión” y de "acto de guerra" atribuido a Marruecos y sostiene que el Ejecutivo disponía de información previa sobre lo que podía pasar. Para registrar esta iniciativa necesita al menos 88 diputados, por lo que depende del apoyo del PP, que de momento no se ha comprometido. En cuanto a los menores, Vox defiende que la prioridad absoluta sea devolverlos con sus familias, exige expedientes individualizados y plantea recurrir los traslados que no tengan como destino la repatriación.