Un informe del CESID fechado el 10 de febrero de 1981 que figura entre los documentos hechos públicos este miércoles identificaba las amenazas interiores a las que tenía que hacer frente el Estado español. Señala tres, que describe como: la amenaza revolucionaria, el separatismo y la involución. En el caso del separatismo, puntualiza que a medio plazo solo en 'Vascongadas', en referencia al País Basc, y en Catalunya se podrían originar "actitudes susceptibles de provocar una decisión del gobierno en relación a algún tipo de intervención de las Fuerzas Armadas, más o menos prolongadas y con finalidades diferentes según las circunstancias".
Describe cinco razones que, según el informe, justificarían una intervención de las Fuerzas Armadas para dar respuesta a movimientos independentistas: una "actitud insurgente de masas populares numéricamente importantes"; una "actitud de desobediencia civil bastante generalizada"; un acto de "declaración unilateral de independencia o actitud similar a nivel local"; un salto cualitativo o cuantitativo en la actividad terrorista que diera paso a la "guerrilla" o la combinación de diferentes de estas hipótesis.
Intervención de las Fuerzas Armadas
Según el texto las más probables de estas hipótesis serían la desobediencia civil o la DUI y asegura que "se podría dar en cualquier momento a nivel de ayuntamiento" y puntualiza que su importancia vendría determinada por la entidad numérica de quienes se sumaran y la diversificación o no de los focos conflictivos, aunque fueran de pequeño número de habitantes. "Cualquiera de estos casos puede suponer un desbordamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado o aconsejar una intervención de las Fuerzas Armadas de carácter disuasorio, de colaboración o de participación directa".
El informe deja claro que "las provincias vascas" concentran "el área geográfica donde las tendencias separatistas son más acusadas y donde las opciones que las sustentan tienen más apoyo en las urnas" y recuerda el apoyo con el que contaban Herri Batasuna y Euskadiko Ezkerra, además de los sectores de "la extrema izquierda revolucionaria", como el Movimiento Comunista, que apoyaban sus consignas. "Lo importante es subrayar que alrededor de un cuarto de millón de habitantes de las provincias vascas han votado opciones separatistas revolucionarias", remacha, además de recordar que también dentro del PNB había sectores independentistas aunque difícilmente cuantificables.
Catalunya
En cuanto a Catalunya explica que "el problema del separatismo violento no alcanza una gravedad preocupante de momento" y que los grupos que propugnaban la violencia o la lucha armada para conseguir la independencia contaban con muy poca militancia. Repasa, en este sentido, los resultados electorales para argumentar el escaso apoyo conseguido por las "fuerzas políticas de ideología separatista revolucionaria", entre las cuales señala el Bloc d'Esquerra d'Alliberament Nacional (BEAN), que solo obtuvo 13.944 votos en los comicios catalanes, un 0,3%, mientras que "opciones ilegales" como el Partit Socialista d'Alliberament Nacional (PSAN), no contaban "en absoluto" con apoyos.
El informe, sin embargo, destaca el papel asumido por el nacionalismo catalán en las instituciones. "Puede afirmarse, por lo tanto, que actualmente la conflictividad que puede originar el separatismo en Catalunya debería materializarse en el campo de las actitudes, sobre todo cuando desde el nacionalismo catalán no revolucionario y desde las propias instituciones autonómicas consentidos por ellas se vienen produciendo hechos que pudieran ensobrecer las relaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma", asegura.
El informe analiza también la situación del independentismo en Galícia, Canàries, Andalucía y en el País Valencià. En el caso valenciano valora que las tendencias separatistas son muy minoritarias y se canalizan hacia la "integración de la región en una entidad independiente bajo la denominación de PAISES CATALANES y que los representantes más activos de esta tendencia militaban en el PSAN y PSPV. "Tampoco el separatismo violento constituye un problema en esta región", sentencia.
Involución
En el caso del riesgo de involución se asocia en este informe a la existencia de condiciones que propicien este tipo de movimientos. De nuevo se señalan como "inductores de primera magnitud" acciones o acontecimientos que puedan significar riesgo para la "unidad nacional". El terrorismo de ETA aparece como posible factor desencadenante en una primera hipótesis. La segunda hipótesis que analiza el informe, señala la posibilidad de que "acontecimientos o decisiones vinculadas al separatismo" o alguna acción terrorista traumática llevaran a las Fuerzas Armadas a "presión o amenaza sin ejercicio de violencia sobre el poder político". En este escenario, pero, no se descartaba llegar a una situación grave que llevara a una crisis profunda que desembocara en una nueva Constitución de tipo presidencialista en ausencia de la Corona, después de un breve período en que el ejército asumiera el poder. La tercera hipótesis de involución se basaría en una crisis económica con desórdenes sociales.
El documento concluye que la amenaza interior más grave a la que tenía que hacer frente el Estado español era el riesgo que representaba el terrorismo, en forma de intensificación o radicalización de su acción; y en segundo lugar la hipótesis de brotes, más o menos generalizados de desobediencia civil separatista, posiblemente acompañados de acciones o declaraciones "oficiales" a nivel local, que se podría complementar con una intensificación de la actividad terrorista en forma de guerrillas. En tercer lugar señalaba "hipótesis de acciones involutivas", bien mediante maniobras políticas extraconstitucionales con apoyo militar o por acciones armadas de entidad limitada. Trece días más tarde se produjo el golpe de Estado.