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La presión política y sindical sobre el ministro de Transportes, Óscar Puente, no deja de crecer después del trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo, que ha provocado al menos 74 muertos. Las peticiones de dimisión se han multiplicado este jueves, con demandas procedentes tanto de la oposición como de sindicatos y formaciones de izquierdas. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido la renuncia del ministro después de acusarlo de señalar al responsable de circulación de Adif como culpable del siniestro antes de que avance la investigación. El sindicato considera que Puente ha utilizado al trabajador como "cabeza de turco" para esquivar sus propias responsabilidades y reclama que se respete su presunción de inocencia.

En la misma línea, CCOO ha pedido el cese "inmediato" de Puente y ha criticado la filtración de los audios de las comunicaciones ferroviarias. La organización exige una investigación "rigurosa y transparente" que permita determinar las causas del accidente, establecer las responsabilidades correspondientes y evitar nuevas tragedias. UGT también exige al Gobierno y responsables del sistema ferroviario público "asumir responsabilidades" tras el accidente.

"Imprescindible" asumir responsabilidades

Desde Urda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado "imprescindible" asumir responsabilidades políticas. "La política no consiste en descalificar, sino en hacer", ha afirmado, antes de reivindicar la experiencia, la gestión y el rigor como requisitos para ejercer responsabilidades públicas. "Yo he dicho que las responsabilidades políticas no se pueden esperar a una investigación, sea administrativa o judicial. Las responsabilidades políticas no son opcionales, son exigibles, ética y moralmente", ha aseverado, si bien ha recordado los antecedentes del gobierno español después del accidente de Adamuz del pasado mes de enero o del apagón en abril de 2025.

Vox, por su parte, ha ido más allá y ha presentado una querella ante el Tribunal Supremo contra Puente por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y lesiones. La formación le atribuye un posible incumplimiento de sus deberes de supervisión y control de la seguridad ferroviaria. "No se le atribuye una responsabilidad objetiva por el cargo ni por los actos de sus subordinados, sino la omisión de los deberes personales de garantía, con reserva de ampliación ante los que sean responsables", dice el texto.

La candidata de Junts a las elecciones generales, Míriam Nogueras, ha reclamado responsabilidades al Gobierno español por el accidente y ha criticado que el ejecutivo intente trasladar la culpa a terceros. "Ante la tragedia que nos encontramos, el gobierno debería asumir responsabilidades y no pasarla a terceros", ha afirmado. El PNV también ha reclamado responsabilidades "al máximo nivel". Su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero, ha instado a Sánchez a adoptar medidas una vez se esclarezcan los hechos, sin descartar una dimisión o un cese ministerial si la situación resulta inasumible.

Las exigencias se extienden a la izquierda parlamentaria. ERC y Podemos han solicitado la comparecencia de Puente ante la Diputación Permanente del Congreso, mientras que Gabriel Rufián ha advertido que una situación "inasumible" requiere asumir responsabilidades, "no filtraciones para trasladarlas". Sumar también ha pedido explicaciones parlamentarias. Ada Colau, candidata del Front Ampli, ha defendido que el ministro comparezca y "asuma su responsabilidad".

También ha reclamado la dimisión del ministro el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que ha recordado el accidente de Adamuz, donde murieron 46 personas el pasado enero. "Óscar Puente debe dimitir hoy. La culpa no puede recaer exclusivamente en un trabajador", ha afirmado en la red social X.

La presidenta de Democracia 21, la abogada Miriam González, ha reclamado igualmente la dimisión de Puente, así como de toda la cúpula directiva del Ministerio para "restablecer la confianza" en el sistema ferroviario después del accidente. "La lealtad al partido y el miedo a las represalias políticas están haciendo implosionar los servicios públicos del país. España sufre las consecuencias de un sistema en que los ministros nombran cúpulas de carné que son de su confianza y escogen para los cargos medios técnicos que tienen afinidad con los partidos", ha asegurado González.