Un total de 88 organizaciones internacionales han firmado un comunicado donde muestran su apoyo a las cinco activistas que han denunciado la infiltración durante varios años en movimientos sociales y sindicales de Barcelona por parte de un agente de la policía española. El agente se aprovechó de las activistas a través de relaciones sexoafectivas como forma de iniciar y/o consolidar el vínculo de confianza con los movimientos, con el aval y la cobertura del resto de la estructura policial. La actividad del policía se ha podido documentar entre mayo de 2020 y octubre de 2022, gracias a una investigación realizada por La Directa.

El 31 de enero de 2023 cinco de las activistas defensoras de derechos humanos y derechos sindicales afectadas iniciaron un procedimiento penal contra el agente de policía por delitos de abusos sexuales continuados, de tortura o subsidiariamente contra la integridad moral, de descubrimiento y revelación de secretos y, finalmente, de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos, entre lo que destaca la vulneración de la libertad de asociación. La querella interpuesta, que también se dirige contra el superior jerárquico del agente, cuenta con el apoyo jurídico de Irídia, que ha impulsado el manifiesto firmado por organizaciones internacionales.

Las abogadas de Irídia y del sindicato CGT, Sònia Olivella y Laia Serra, que dan apoyo a las mujeres, explicaron cuándo se presentó la denuncia que consideran muy grave que un policía encubierto utilice las relaciones sexoafectivas con activistas para obtener información y apuntalar su identidad encubierta para infiltrarse en el tejido asociativo y sindical. Hay que recordar que la infiltración de agentes solo tiene justificación legal cuando se proyecta a la investigación de unos delitos tasados en el marco de la lucha contra el crimen organizado o el terrorismo.

 

Violencia institucional

Ante la gravedad de los hechos, las entidades y colectivos firmantes manifiestan que la operación policial "se centra en una clara discriminación de género y responde a un doble objetivo. En primer lugar, conseguir información e incidir en la sociedad civil y el tejido asociativo de diferentes movimientos sociales y sindicales de Barcelona. En segundo lugar, castigar y señalar el hecho de ser una mujer vinculada con unos colectivos y luchas determinadas". En la misma línea, vinculan la violencia sexual con la violencia institucional porque las conductas y los hechos ocurridos fueron perpetrados por parte de un agente de la policía en el ejercicio de sus funciones, con indicios de estar autorizados, avalados y permitidos por la estructura institucional a que pertenecen.

Según los firmantes, infiltraciones policiales como la denunciada, o la recientemente descubrimiento que ha tenido lugar en el País Valencià, "promueven la instauración de herramientas destinadas a la persecución de la disidencia política" y, desgraciadamente, no son un caso aislado "aunque tendría que ser un recurso excepcional y sometido a condiciones muy estrictas y determinadas". Las organizaciones firmantes constatan que el estado español ha atravesado todas las líneas rojas con respecto a la vulneración de derechos fundamentales, llegando al extremo de utilizar la explotación de relaciones sexoafectivas con la finalidad de monitorar la disidencia política. Por todos los motivos expuestos anteriormente, los firmantes piden explicaciones al estado español y la respuesta adecuada ante la gravedad de los hechos.

EntreAbolish Frontex, Campaña Popular Palestina contra el Muro de Apartheid – Stop the Wall, Bürgerrechte & Polizei / CILIP d’Alemanya, Centro Regional Indígena en Derechos Humanos “Ñuu-Savi” (CERIDH) de Mèxico, End Deportations Belfast, European Civic Forum, European Group For Studying Deviance and Social Control, Observatorio de Derechos Humanos Capítulo Suiza y Transnational Institute, The Netherlands, entre muchas otras.