La Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, las diputaciones y las entidades municipalistas han creado un convenio conjunto que "homogeneiza" la respuesta a la pobreza energética para que las empresas suministradoras que todavía no han accedido a firmar un convenio se sumen a la lucha.
El convenio prevé que las suministradoras de luz y gas colaboren para afrontar "como mínimo" la mitad de los gastos derivados de la pobreza energética, a través de tarifas sociales, la condonación de la deuda acumulada y aportaciones económicas directas, y creará un canal de trámites único.
En la presentación del acuerdo este jueves han asistido el president de la Generalitat, Carles Puigdemont; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; de Santa Coloma de Gramenet, Núria Parlon, y de Badalona, Dolors Sabater.
También han participado la consellera de Benestar i Treball, Dolors Bassa, y el de Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, así como el presidente de la Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch.
Puigdemont ha insistido en que las Administraciones comparten un objetivo común que es "mejorar la vida de nuestros ciudadanos" aunque ha interpelado directamente a las empresas suministradoras de servicio energético: "Este convenio interpela a las empresas suministradoras. Tienen un deber".
El president de la Generalitat también ha detallado que este convenio se trata de una "solución", aunque ha criticado "aquellos que sólo proponen comisiones" de estudio.
Corresponsabilidad de las eléctricas
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha manifestado que la firma de este convenio no se trata de otra cosa que de "hacer cumplir la ley" y ha dado por hecho que las empresas eléctricas firmarán este convenio impulsado por varias instituciones.
"Ninguno de nosotros tiene ganas de hablar de la vía sancionadora, pero se tiene que hacer cumplir la ley", ha destacado Colau, a la vez que ha declarado que este convenio marca un "compromiso de corresponsabilidad" con las empresas eléctricas.
El conseller de Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, ha afirmado: "El convenio quiere dejar claro que todas las administraciones catalanas vamos de la mano en la lucha contra la pobreza energética. Es una prioridad", por lo que requerirán a las empresas de gas y electricidad que no hagan ningún corte a familias vulnerables.