Centenares de miles de personas han salido a la calle en Barcelona y multitud de poblaciones de todo Catalunya, donde se han celebrado concentraciones masivas por la mañana y por la tarde, para participar en el paro de país y la huelga general convocadas contra la represión policial del referéndum de independencia del 1 de octubre.
La protesta catalana, a raíz de la violencia desatada por la policía española y la Guardia Civil contra los centros de votación, que provocó más de 800 heridos por la intervención policial, ha intensificado la crisis política e institucional hasta un grado desconocido en el Estado español desde hace décadas.
El Rey, Felipe VI, comparecerá a las 9 de la noche para dirigir un mensaje sobre Catalunya a los españoles. Sólo hay un precedente: el dei suyo pare, Joan Carles Y, la noche del golpe de estado del 23 de febrero del 1981.
Los manifestantes han respondido al llamamiento de las entidades soberanistas, ANC y Òmnium, los grandes sindicatos, CCOO y UGT, y las patronales Pimec y Cecot, entre otras organizaciones y a la huelga general convocada a la vez por sindicatos minoritarios, entre los cuales la CGT o la COS. Las manifestaciones de la tarde las ha convocado la Taula per la Democràcia, que agrupa a unas 60 entidades. El Govern de la Generalitat ha dado apoyo a todos los actos.
Desde primera hora de la mañana se han producido cortes de circulación en las autopistas y carreteras; el metro de Barcelona y los Ferrocarrils de la Generalitat han suspendido la circulación y Rodalies Renfe ha funcionado con servicios mínimos; los puertos de Barcelona y Tarragona han paralizado su actividad y ha habido paradas en grandes centros de trabajo como Mercabarna y también en el pequeño comercio.
Pero, sobre todo, ha habido gente en la calle, desde mucho antes del mediodía, cuando se han celebrado concentraciones ante todos los ayuntamientos del país, y en espera de la manifestación convocada a las 6 de la tarde en Barcelona. 300.000 personas se han movilizado durante la mañana en los diversos actos de protesta en la capital catalana, según fuentes de la Guàrdia Urbana. La consellera de Treball, Dolors Bassa, ha hablado también de seguimiento masivo de la convocatoria en las empresas y la administración pública.
En Barcelona, columnas con decenas de miles de manifestantes, entre los cuales muchos estudiantes, se han desplegado por grandes arterias urbanas como la Diagonal, la Gran Via o la Via Laietana para llegar a participar en las concentraciones en la plaza Sant Jaume o la plaza Universitat. Los payeses, que han cortado con sus tractores varias carreteras, y los bomberos, que han actuado como improvisado servicio de orden reforzando a los Mossos en muchas concentraciones, han tenido un fuerte protagonismo en las movilizaciones.
Muchos de los manifestantes se han concentrado ante la jefatura superior de policía de la Vía Laietana de Barcelona, donde ya lunes hubo fuertes protestas por la represión del referéndum, y en la Delegación del Gobierno central. Aun con toda la indignación y los gritos contra los cuerpos policiales y los responsables del gobierno español, el civismo ha sido la tónica generalizada en los actos de protesta.
No ha habido ningún incidente a pesar del número de gente movilizada. Sin embargo, las concentraciones contra los cuerpos policiales españoles alojados en poblaciones catalanas como Calella o Pineda de Mar, en el Maresme, una parte de los cuales han sido expulsados de los hoteles después de haber protagonizado actos violentos, ha dado munición al gobierno de Madrid para apuntar al president de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al vicepresident, Oriol Junqueras, como responsables del "asedio" a la policía española. Así lo ha indicado el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que se ha reunido con el presidente Mariano Rajoy para evaluar la situación. Son palabras gaves, muy graves, las que ha pronunciado el ministro: "La Generalitat empuja al pueblo catalán día tras día hacia el abismo y alienta la rebelión en las calles".
El líder del PP de Catalunya, Xavier García Albiol, ha sido recibido con una fuerte bronca en Pineda de Mar, adonde se ha desplazado este mediodía para expresar su apoyo a las fuerzas de seguridad españolas. Desde primeras horas de la mañana se suceden los llamamientos a la calma en las redes sociales. La consigna es evitar de caer en las provocaciones. En el Govern hay el convencimiento que se pueden producir intentos de reventar las concentraciones o provocar incidentes por parte de infiltrados.
Hay en estos momentos muchos nervios en la Moncloa y en la cúpula del PP. El portavoz parlamentario de los populares, Rafael Hernando, ha llegado a tildar de "nazi" el paro; posteriormente, ha sugerido que se inhabilite a Junqueras y Puigdemont. La participación masiva en el paro de país y la resistencia pacífica mostrada por amplios sectores de la ciudadanía a pesar de la brutalidad desatada por la policía española y la Guardia Civil a los centros de votación del referéndum, que provocó más de 800 heridos, ha encendido todas las alarmas en Madrid.
El PSOE ha pedido esta mañana que el Congreso repruebe a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, por la violencia policial en Catalunya. El PSOE apoya a las fuerzas de seguridad españolas pero no al uso que está haciendo el gobierno de Madrid contra los independentistas catalanes. El bloque "constitucionalista" empieza a agrietarse después de que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, pidiera en su reunión con Rajoy que incorporara al diálogo a Puigdemont y a Podemos. El PSOE está ahora más cerca de Pablo Iglesias que del presidente español, a quien sólo parece apoyar un Albert Rivera que pide más leña contra los "separatistas".
La estrategia del gobierno del PP es diáfana: se trata de cambiar la realidad de los hechos, presentando a los agentes ejecutores de la estrategia de represión como "víctimas" con el objetivo de calmar la Comisión Europea y las cancillerías, que en las últimas horas han advertido a Rajoy sobre el uso de la fuerza y, a la vez, acumular acusaciones contra Puigdemont y su Govern que puedan justificar nuevas medidas políticas y judiciales, ya sea la suspensión de derecho de la autonomía catalana por la vía del artículo 155 de la Constitución —la suspensión de hecho ya se ha producido en ámbitos como las finanzas o el control policial del territorio— o la inhabilitación del president y el Govern por sedición.
